Así lo recoge el Plan Sectorial Galego de Solo Residencial, que prevé la creación de 300.000 puestos de trabajo y la generación de un volumen de negocio de 2.500 millones de euros. Así lo anunciaron el vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, y la conselleira de Vivenda e Solo, Teresa Táboas.
Quintana y Táboas presentaron en Santiago este plan, que se prevé aprobar en el primer trimestre de 2009 y que tiene entre sus objetivos “atender las necesidades actuales y urgentes” de la Comunidad gallega.
No en vano, el 67% del total de las viviendas estará construído en el primer quinquenio de la duración del plan y, con ello, se potenciará “un importante volumen de negocio y de empleo” en un momento de crisis económica, según subrayaron ambos dirigentes.
Anxo Quintana aseguró, en referencia al plan sectorial, que para conseguir que “la gente tenga acceso a una vivienda, lo único posible es la intervención pública y poner en marcha suelo protegido”.
La Xunta reservará 8,7 millones de metros cuadrados para la construcción de las 45.000 nuevas viviendas que “no es una medida aislada”, sino que se completa con el plan de medidas urgentes de vivienda y suelo, las Normas do Hábitat Galego y “un esfuerzo importante en materia de alquiler»”, significó Quintana.
Durante la presentación, Táboas dio a conocer los detalles del estudio previo para la elaboración de este plan, que evidencia un “boom del ladrillo” originado por la compra de segundas viviendas, que impulsó el precio de los inmuebles y, paralelamente, repercutió en el coste de la primera casa, “dificultando” el acceso a ésta de los sectores más débiles.
El estudio constató que las planificaciones municipales “no contrarrestaron” el incremento especulativo y, como muestra de ello, “sólo 22 ayuntamientos de los 315 tienen adaptado en este momento su plan a la Lei de Solo de 2002, que establece una reserva del 20% de vivienda protegida”.
En este sentido, el plan sectorial propone tres cometidos básicos, entre los que se encuentran “determinar las necesidades de viviendas, la localización de la demanda y programar actuaciones de respuesta a ésta”.
Como resultado de este análisis, el plan sectorial apunta a una “necesidad actual e inmediata de 47.000 viviendas protegidas y que el 88 por ciento de la necesidad total hasta 2017 -244.000 viviendas- tengan algún tipo de protección” como consecuencia de las bajas rentas de los futuros demandantes.
Al respecto de la demanda, las áreas de Vigo y A Coruña cuentan con una necesidad de entre 100 y 120 viviendas por cada 1.000 habitantes, lo que en términos absolutos significan 59.000 y 70.000, respectivamente. A mayores, a Ourense le corresponden unas 25.000, a Santiago, 23.000; a Pontevedra, 18.000; a Lugo, 12.000; y a Ferrol, 10.500; tomando como referente un ratio de entre 20 y 55 viviendas protegidas por cada 1.000 habitantes. Con una necesidad “muy inferior” se encuentran Ribeira, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa y Burela.
Criterios para la selección
La titular de Vivenda explicó que los criterios territoriales y locales se basan en ochos puntos fundamentales, que se corresponden con el precio del suelo, la planificación urbanística, la dimensión de las necesidades de vivienda que justifiquen actuaciones sistemáticas, la existencia de suelo disponible, los procesos de renovación urbana, la accesibilidad y movilidad, y las conexiones con los sistemas locales. Un último criterio se refiere a la integración en la trama urbana, es decir, “no dejar aisladas estas viviendas de los núcleos urbanos”, recalcó Teresa Táboas.