Así lo expresó el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, durante su visita al Centro de Atención a Grandes Discapacidades Físicas de Cocemfe-FAMA de Albacete, que incluye Residencia Comunitaria y Centro de Día para cubrir las necesidades físicas, psíquicas y sociales de aquellas personas que, por su grave situación física y problemática social necesitan de un alojamiento adaptado a sus necesidades.
Lamata ha señalado que es un centro emblemático en Castilla-La Mancha y en España, no sólo residencial sino también de recuperación funcional, porque permite realizar rehabilitación con profesionales de fisioterapia, logopedia, psicología, que van a permitir mantener y mejorar esa autonomía personal”.
El consejero ha subrayado que Cocemfe en Albacete ha hecho un esfuerzo grande en atender todas esas necesidades a lo largo de su historia, “con este proyecto estrella, utópico hace unos años pero hoy hecho una realidad, un modelo para todas las regiones españolas”.
El Centro ofrece atención diurna y rehabilitación a personas que por su discapacidad física precisan apoyo para la realización de las tareas de la vida cotidiana y también alojamiento, convivencia y atención especializada a personas con discapacidad física gravemente afectadas y movilidad reducida. Este dispositivo, cuyo coste ascendió a 5.642.871,52 euros, de los que la Junta aportó más de 3,4 millones, cuenta con una plantilla de 70 personas, 13 de las cuales trabajan en el Centro de Día.
Lamata, que recorrió las instalaciones junto a la alcaldesa de Albacete, Carmen Oliver; el presidente de Cocemfe-FAMA, Marcelino Escobar; la delegada provincial de Salud y Bienestar Social, Angelines Martínez y el delegado de la Junta en Albacete, Modesto Belinchón, además del director gerente de Atención Primaria, Rafael Muñoz y la directora de Enfermería del CHUA, Inés Aguilera, destacó la importante contribución y el trabajo que desde hace 20 años desarrolla Cocemfe para representar y defender los intereses de este colectivo, promover su inserción social, sensibilizar a la población, estimular la investigación en este campo y cooperar con todas las entidades que contribuyen a erradicar los estigmas sociales y a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
En este sentido, el consejero recordó la amplia e intensa trayectoria de colaboración del Gobierno de Castilla-La Mancha con Cocemfe que, en el caso de este Centro considerado en la élite del sector por cobertura de plazas para personas gravemente afectadas con discapacidad física, se ha plasmado no sólo en la financiación de una parte importante de su puesta en marcha sino también a través de un Convenio para la financiación pública de 30 de las 49 plazas de las que dispone en la Residencia Comunitaria y 14 de las 20 del Centro de Día.
También resaltó el consejero la colaboración entre diversas instituciones para la puesta en marcha del Centro y del establecimiento de una red de coordinación con Atención Primaria y con el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete para que este dispositivo tenga un mayor rendimiento, colaboración que ya se ha prestado desde el inicio del diseño del Centro.
El titular de las políticas social y sanitaria del Gobierno regional subrayó el firme compromiso del presidente Barreda con la discapacidad, cuyo presupuesto regional se ha cuadriplicado en la última década, y que se ha plasmado también en la puesta en marcha de dispositivos y recursos de atención para personas con discapacidad grave bien sea física, psíquica o sensorial.
En la presente legislatura en Castilla-La Mancha se han abierto 8 unidades residenciales en Alcázar de San Juan, Socuéllamos y Tomelloso en la provincia de Ciudad Real, en Toledo, 2 en Cuenca y 2 en Albacete y antes de que finalice el año estarán operativas otra en La Solana para discapacidad intelectual y una más en Talavera para personas con enfermedad mental.
Por último, Lamata se refirió a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia como una de las apuestas sociales más relevantes para el presente y el futuro que “ha generado un derecho de ciudadanía que nos va a llevar a triplicar el gasto social en apenas 8 años y que ya beneficia en la región a más de 34.000 personas”.