En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo ha rechazado cerrar la puerta rotundamente a que se pueda emprender esta reforma antes de que finalice su mandato.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo hizo estas declaraciones, al término del Consello de la Xunta, que dio luz verde a la Ley de Carreteras, una de las 23 normas que se sumarán a las otras 41 que ya han sido aprobadas en lo que va de legislatura, que culminará, si se cumplen las previsiones de Núñez Feijóo, con un total de 64 nuevas normas aprobadas desde que arrancó el actual mandato en 2009. lo que supondrá un 20 por ciento más que en el periodo anterior
Ésta será, espero, la legislatura con más leyes, pero sobre todo con leyes que afectan a los sectores económicos y a los sectores sociales de Galicia”, ha remarcado el presidente, quien ha avanzado que, el contenido de la mitad de las 23 nuevas leyes que planea serán “de contenido económico”. De las 41 ya aprobadas, “7 de cada 10” tienen también carácter económico y el resto son de contenido “social”.
entre las que se encuentran nuevos textos sobre montes, vivienda, inclusión social, garantías y prestaciones sanitarias, así como una nueva ley de función pública y de la Xunta y su Presidencia, entre otras.
A estos proyectos se sumarán nuevos textos legislativos sobre innovación, fomento empresarial, industria marítima, acuicultura, una nueva ley de universidades, de publicidad institucional y también, entre otras, una de espacios públicos.
Ley de Carreteras
Sobre el proyecto de ley de carreteras, que comenzó su información pública para recibir las alegaciones pertinentes, el presidente gallego indicó que la Xunta renueva una norma con 17 años de vigencia, “que hay que adaptar a los cambios normativos”, como la existencia de la Axencia Galega de Infraestruturas.
Entre las “novedades” que incluye el nuevo proyecto de ley, Núñez Feijóo ha destacado que todos los proyectos en materia viaria serán sometidos a información pública y no solo las nuevas carreteras, como ocurría hasta ahora, lo que reducirá la indefensión de los ciudadanos frente a modificaciones de trazado o ensanchamientos.
Además, la servidumbre en toda las carreteras empezará en la línea del borde de la calzada y no de explanación, y si una obra afecta a una propiedad que tiene un porcentaje de edificación, la expropiación no puede variar dicho porcentaje.
El nuevo proyecto de ley también establece que el expropiado no deberá adelantar el dinero de reconstrucción de, por ejemplo, un muro de finca que se haya visto derribado por las obras, sino que será la administración la que se hará cargo.