El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, manifestó que la sustitución del decreto eólico por una nueva ley responde al carácter “anómalo, ilegal y marcado por la ocultación” que presentaba aquel. En este sentido, el mandatario gallego subrayó que la nueva norma, al tiempo de dar “transparencia, profesionalidad y rigor a las adjudicaciones”, contribuirá a dotar de una mayor seguridad jurídica al sistema, considerando que el anterior decreto presentaba fallos tanto constitucionales como legales, tal como explicó.
El anteproyecto de ley prevé la creación de un canon eólico medioambiental que grave el número de aerogeneradores que integran los parques (con una previsión de ingresos de 30 millones de euros anuales si están en funcionamiento los 6.500 Mgw adjudicados a Galicia) y de un fondo de compensación destinado a los municipios gallegos para obras e infraestruturas que sean productivas y generadoras de empresa, además de para paliar los impactos visuales y medioambientales que padecen derivados de los parques eólicos.
Feijóo explicó que el canon eólico se basará en un principio ambiental sobre el molino “que es el que provoca la contaminación paisajística y medioambiental” y que irá en función también del número de molinos buscando bonificar a aquellos promotores que inviertan en molinos más eficientes.
Es un principio de justicia y de igualdad que establece que “tendrán que pagar este canon tanto los nuevos parques eólicos como los ya existentes”, explicó Feijóo, que añadió que “con la decisión del canon eólico defendemos los intereses de Galicia por encima de cualquier otro interés por muy legítimo que sea”.
La Xunta señala que no puede seguir adelante en la tramitación del procedimiento abierto de autorización de parques eólicos del bipartito “porque tramitaría, a sabiendas, un procedimiento ilegal, máxime cuando ningún acto administrativo dictado por el anterior Gobierno adquirió firmeza, ya que están todos impugnados”.
La Consellería de Industria tomó esta determinación tras analizar el informe jurídico emitido por la Asesoría Xeral de la Xunta de Galicia respecto al decreto, que encuentran cuatro causas de nulidad que amparan la decisión de la Consellería de Economía.
Algunas de las vulneraciones legales que apunta son la participación pública en las sociedades, porque va contra la libertad de empresa; que no se prevé el incumplimiento de los compromisos adquiridos; y que desvirtúa la exigencia de conexión a la red eléctrica del parque eólico. El PSOE acusó a la Xunta de “paralizar e hipotecar” el sector eólico, mientras el BNG advirtió de la pérdida de inversiones y de puestos de trabajo.