Después de que el Consello de la Xunta acordara declarar como de incidencia supramunicipal el Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia, el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, avanzó, en la rueda de prensa, que este plan, con una movilización de 2.500 millones de euros, ordenará casi 43 millones de metros cuadrados dedicados la superficie industrial. “Primero presentamos el Plan Move, el plan de infraestructuras de la Comunidad y, ahora, presentamos el plan definitivo de suelo industrial. Estamos hablando de unir las superficies industriales con las infraestructuras, de planificar, ordenar el suelo industrial, y de generar empleo”.
El presidente del Gobierno gallego afirmó que este mapa de suelo industrial será la guía del gobierno y destacó que: “por parte de la Xunta de Galicia, pasaremos de 19 millones de metros cuadrados de suelo industrial a 62 millones de metros cuadrados. Multiplicamos por tres el suelo empresarial en la Comunidad gallega, haremos un suelo industrial más accesible y comenzamos de forma ordenada, por fin, a organizarnos como país desde el punto de vista de suelo industrial que es fundamental”.
Feijóo subrayó que para diseñar este plan se trabajó en un doble sentido: “cuantificar para localizar el suelo empresarial que desarrollará en los próximos años, estableciendo a corto, medio y largo plazo las necesidades de suelo; y trabajamos de forma simultánea en que esto casase dentro de las Directrices de Ordenación del Territorio y del Plan del Litoral”.
Por otra parte, el Consello de la Xunta aprobó el primer decreto que regula la atención a la diversidad en la educación en Galicia, una norma “importante” que, según destacó el presidente gallego, nace en el objetivo de que cada estudiante obtenga el máximo desarrollo de sus capacidades con independencia de sus circunstancias específicas.
Además, Feijóo destacó que el decreto vitivinícola aprobado en el Consello permitirá incrementar la producción y la calidad del vino de Galicia. Para el jefe del Ejecutivo gallego, se trata de una normativa “clave” para el sector ya que “aporta seguridad jurídica y reduce las cargas administrativas”.