Entre los beneficiarios de esta cooperación se encuentran jóvenes y personas mayores.
El vicepresidente de la Xunta, Anxo Quintana, y la conselleira de Vivenda e Solo, Teresa Táboas, firmaron un protocolo de colaboración por el que los dos departamentos autonómicos se comprometen a trabajar mano a mano para poner en marcha nuevo equipamientos sociales y en la mejora de la accesibilidad a la vivienda o a soluciones residenciales para los colectivos más sensibles.
Según Quintana, este proyecto compartido, de naturaleza transversal, “suma política social y política de vivienda en una alianza estratégica para la mejora de las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables y para la promoción de la igualdad de oportunidades, y supone una muestra más de la política de vivienda como la entiende este Gobierno; una política pensada para la gente y no para el ladrillo”.
Se trata, según el vicepresidente, de crear sinergias desde una perspectiva de transversalidad, facilitando que en la construcción de edificios para la vivienda pública por parte de la Administración autonómica se tenga en cuenta la necesidad de locales para recursos sociales. Quintana explicó que esta iniciativa de colaboración se materializa en nueve líneas programáticas. La primera de ellas trata de impulsar fórmulas de convivencia intergeneracional a través de la construcción de seis edificios de viviendas protegidas en régimen de alquiler destinadas a la juventud y a las personas mayores.
Estas viviendas, que estarán ubicadas en Ferrol, As Pontes, Lugo, Allariz, O Barco e Vilagarcía, contarán con espacios comunitarios y centro de día en el propio inmueble, y suponen una acción orientada a atajar una problemática dual, la de la dificultad del acceso a la vivienda de los jóvenes y el aislamiento social de los mayores. Otra línea de colaboración busca completar la red de centros Quérote, con la puesta en marcha de cinco nuevos, que asesoran acerca de cuestiones afectivo-sexuales para jóvenes en las ciudades.
Familiares de enfermos
Otro compromiso del acuerdo es dar una solución residencial a los familiares de personas enfermas de transtornos alimentarios que se encuentran en situación de ingreso hospitalario lejos del lugar de residencia del núcleo familiar. Con este fin, se habilitará una vivienda en régimen de alquiler de uso colectivo que estará situada en Santiago.