La Xunta aprueba el bono de alquiler social para ayudar a las familias sin recursos afectadas por un desahucio

Una medida que contará con un presupuesto de 3,3 millones de euros para garantizar el coste del alquiler de 750 viviendas anuales.
Con esta inicativa, la Xunta avanza un paso más en el Plan de lucha contra la desigualdad económica. Según detalló al término de la reunión del Consello, el importe de esta ayuda será de 150 euros, que podrán concederse como un bono mensual durante doce meses prorrogables por otros doce a las familias beneficiarias sin que el importe pueda superar el precio del alquiler.
Núñez Feijóo explicó que se podrán conceder otros tres bonos en un sólo pago para hacer frente a los gastos derivados de la formalización del nuevo contrato; en concreto, la constitución de fianza y el alta de suministros. De esta manera el número máximo de bonos que se concederán a una familia será de 27 en un período de 24 meses con un importe total máximo de 4.050 euros.
El jefe del Ejecutivo autonómico apuntó que este programa incluye también la posibilidad de realojo de los afectados en viviendas gestionadas por el Instituto Galego de Vivenda e Solo si la unidad familiar corresponde a un colectivo de atención preferente. Y subrayó que las ayudas van dirigidas a unidades familiares o de convivencia con ingresos familiares ponderados que no superen 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), lo que supone entre 745,51 euros mensuales para una sola persona y 1.553,15 euros mensuales para una familia con cinco miembros o más.
Feijóo destacó que esta medida amplía otras como los programas Reconduce y Realoja, también para personas en riesgo de desahucio por impago del alquiler. Y al respecto, apuntó que se crearán cuatro oficinas más, una en cada provincia, que se sumarán a la que ya funciona en Santiago.
Mencionó, en la misma línea, el Registro de Viviendas Vacías, que permitirá contar con un censo de posibles viviendas que ofrecer a afectados por desahucios. E, igualmente, destacó el proceso de diálogo abierto con distintas entidades financieras, como Abanca o Caixa Rural Galega, para que en los casos de desalojo por impago de hipotecas las familias afectadas puedan permanecer en la misma vivienda; y para garantizar un paquete importante de viviendas vacías de estas entidades con las que dar cobertura a estas personas.