La UCVE recordó tres casos concretos que afectan a emigrantes canarios: Agroisleña, el Complejo García Hermanos, S.A. (Gaisa) y la finca El Hato la Vaca, situada en la ciudad de Calabozo, en el estado Guárico, que contaba con 33.000 hectáreas en las que se cultivaban frutas, arroz y maíz, se criaban ganado, cerdos y pollos y había también cultivos de peces.
“La experiencia nos ha demostrado que todas aquellas empresas de éxito, que sin el debido proceso y de forma cobarde han sido arrebatadas a sus legítimos dueños, han sido un rotundo fracaso en manos del estado venezolano. La incapacidad gerencial y la alta corrupción de los altos funcionarios venezolanos no permiten la creación de empresas sólidas por parte del estado que perduren en el tiempo. Es por ello, que es más fácil despojar las empresas de alto crecimiento y desarrollo, eficiente gerencia y tradición”, afirmó la Unión Canario Venezolana en un comunicado.