Para el pasado martes los hermanos Solórzano, propietarios del hato La Vaca, expropiados por el gobierno venezolano, convocaron una reunión de los afectados en las puertas del INTI a fin de pedir una respuesta sobre el estado de sus casos. Los funcionarios explicaron a los escasos asistentes que solamente el presidente del organismo, Juan Carlos Loyo, podía tomar alguna decisión y que éste dependía a su vez de la decisión que tomara el presidente Hugo Chávez.
Esta es la misma respuesta desde diciembre del pasado año, cuando finalizaron sin ninguna solución las reuniones acordadas entre los ministerios de relaciones exteriores de España y Venezuela. Desde entonces los afectados no han podido informarse sobre cual será el futuro de sus tierras invadidas. En el caso de los 9 hatos agropecuarios que quedaron definitivamente expropiados. Sus propietarios no han recibido ninguna notificación sobre cuándo será efectuado el pago. Mientras, no ha sido posible establecer una nueva reunión de trabajo entre el embajador de España y el viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, quienes encabezaban la Comisión bilateral establecida entre los gobiernos de España y Venezuela, a raíz de la visita al país del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos.
En este punto muerto, algunos de los afectados sólo ven viable un acuerdo político entre gobiernos al más alto nivel. Félix A. Barbero, presidente de la Federación de Centros Españoles en Venezuela (FECEVE) se propone viajar a España en los próximos meses a fin de dar a conocer los resultados fallidos de la misión del ministro Moratinos. Consciente de que la solución política recae en los presidentes Zapatero y Chávez espera el apoyo de los parlamentarios para exigir que ese acuerdo bilateral se haga.
Muchos de los afectados que no acudieron a la convocatoria de los hermanos Solórzano sintieron miedo a posibles retaliaciones si se manifestaban públicamente. Otros han preferido intentar, sin ningún éxito, gestionar sus casos individualmente.
Plantean los hermanos Solorzano que detrás de cada expediente hay familias completas afectadas, que representan más de 450 personas. En su caso, esperan la indemnización 9 hermanos en la ruina y con hijos.