Atribuye la responsabilidad de la masacre a una célula islamista y descarta la participación de ETA, además de que absuelve a los supuestos autores intelectuales. Jamal Zougam y Otman El Gnaoui son condenados a más 40.000 años como autores intelectuales. El minero Trashorras, como cooperador necesario, recibe una pena de cerca de 35.000 años de prisión.
El fallo afirma que los autores materiales de la masacre del 11 de marzo de 2004 de Madrid y los cooperadores “son miembros de células o grupos terroristas de tipo yihadista” . Así, Jamal Zougam y Otman El Gnaoui son condenados como autores materiales del atentado a más de 40.000 años de prisión. Son culpables de 191 asesinatos y dos abortos, de 1.856 asesinatos en grado de tentativa y de cuatro delitos de estragos terroristas. El minero asturiano José Emilio Suárez Trashorras, considerado cooperador necesario de la matanza, recibe una pena algo inferior a los 35.000 años, por los mismos delitos, más los que se derivan de los sucesos de Leganés, en los que se suicidaron siete islamistas, al tomarse en cuenta la eximente de “anomalía psíquica”.
Rabei Osman El Egipcio, supuesto ideólogo de la masacre, queda absuelto, mientras que los otros dos presuntos autores intelectuales, Hassan el Haski y Youssef Belhadj, son condenados, respectivamente, aunque como dirigente e integrante de organización terrorista. Abdelmajid Bouchar, que había sido acusado de colocar la bomba en los trenes, resultó finalmente penado por pertenencia a la célula islamista y por tenencia de explosivos. Rafa Zouhier, al que la Fiscalía consideraba cooperador necesario, fue condenado por el tribunal por tráfico de explosivos con fines terroristas.
Los magistrados consideran que la célula se completaba con Rachid Aglif, Basel Ghalyoun, Mohannad Almallah Dabas, Hamid Ahmidan, Fuad el Morabit Abdelilah el Fadual el Akil, Mohamed Bouharrat , Saed el Harrak y Mohamed Larbi Ben Selam. Además, Mahmoud Slimane Aoun y Nasreddine Bousbaa son condenados por proporcionar documentos falsos a los terroristas.
Además de El Egipcio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional absuelve de todas las acusaciones al cuñado de José Emilio Suárez Trashorras, Antonio Toro, a la hermana de éste y ex mujer del primero, Carmen Toro, a los hermanos Mohamed e Ibrahim Moussaten, a Emilio Llano, Javier González e Iván Granados. Aparte de Trashorras, los únicos españoles condenados son Sergio Álvarez y Antonio Iván Reis Palicio, que llevaron explosivos a Madrid, y el minero Raúl González.
La sentencia descarta por completo la participación de ETA en los atentados del 11-M, tal y como sostenía la defensa de los acusados Jamal Zougam y Basel Ghalyoun. Ninguna de las pruebas solicitadas por ese abogado “avala la tesis alternativa” de ETA, según afirmó el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, durante la lectura del resumen de la sentencia.
Entre esas pruebas figuran informes sobre la posible vinculación de ETA con el terrorismo islamista o sobre si ETA había utilizado Goma 2 en los últimos diez años, aspecto este último que quedó descartado en un oficio de la Ertaintza.
Custodia de pruebas
Bermúdez declaró que la cadena de custodia de la furgoneta Renault Kangoo localizada en Alcalá de Henares y de la mochila que contenía un artefacto explosivo recuperada entre los efectos sacados de los trenes “está plenamente acreditada”. El tribunal no encontró “indicio alguno” sobre la tesis mantenida por algunas defensas de que la mochila pudo ser colocada allí posteriormente. Además, el tribunal afirma que no hay duda de la autenticidad de la “mochila de Vallecas”, cuya desactivación fue clave para la investigación de los atentados, ni de su procedencia, la estación de El Pozo. Consideran los magistrados que no se rompió la cadena de custodia ya que los agentes que recogieron todos los efectos en la estación de El Pozo no los perdieron de vista desde que los llevaron al pabellón de Ifema y luego a la Comisaría de Puente de Vallecas.
En cuanto a la procedencia de los explosivos, el tribunal considera probado que proceden de Asturias, así que tanto los del 11-M como los que emplearon los suicidas de Leganés procedía de Mina Conchita.
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Indemnizaciones de entre 30.000 y un millón de euros
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El tribunal fijó indemnizaciones de entre 30.000 euros y un millón y medio de euros para las víctimas directas e indirectas de los atentados, aunque por el momento no hizo mención acerca de las que percibirán los familiares de los 191 fallecidos en la masacre. Según explicó el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, se estableció una clasificación en doce grupos, de menor a mayor gravedad, y se fijó una cuantía para cada uno de ellos, con un mínimo de 30.000 euros y un máximo de 1,5 millones -esta cantidad es para siete personas calificadas como grandes lesionados.
Además de los doce grupos, el tribunal hizo una excepción con el caso de Laura Vega, una joven de 29 años que está en estado vegetativo permanente tras alcanzarle la explosión de Atocha, para la que fija una indemnización de un millón de euros y un depósito de 250.000 euros para su tratamiento. Por otra parte, según informó EFE, la sentencia creó en las víctimas sentimientos encontrados, ya que mientras algunas consideran satisfactorio el fallo otras se sienten decepcionadas por las absoluciones y por las, a su juicio, bajas penas acordadas por el tribunal.
Numerosas víctimas, acompañadas de familiares, presenciaron en las instalaciones de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo la lectura de la sentencia. Muchas no pudieron contener las lágrimas al abandonar el recinto, desilusionadas, sobre las dos de la tarde. Otras, indignadas, escupieron y profirieron insultos al paso del furgón de la Guardia Civil que trasladaba a los condenados a prisión.
La mayoría de las víctimas creen que la sentencia es “demasiado blanda”, dada la gravedad de los atentados y el elevado número de víctimas mortales, aunque hay quienes se sienten satisfechas y contentas por la actuación de la Justicia.
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Zapatero destaca que se hizo justicia y Rajoy pide que se siga investigando
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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el día que se conoció la sentencia, realizó una declaración institucional en la que señaló que “demuestra el funcionamiento ejemplar de las instituciones”. Además, reconoció “la tarea de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. En cuanto a los jueces y fiscales y resto del personal de la Administración de Justicia, señaló que “han hecho posible el juicio más rápido, con mayor número de imputados y condenados, de los que se han celebrado en el mundo sobre un atentado provocado por el terrorismo internacional de la dimensión del que se perpetró el 11 de marzo de 2004, en Madrid”.
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, señaló que su formación apoyó “la investigación que ha dado lugar a la sentencia dictada y seguiremos apoyando cualquier otra que permita avanzar sin límites en la acción de la justicia ya que los acusados como inductores o autores intelectuales, son los términos que utiliza la sentencia, no han sido condenados como tales”.
Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidió a Rajoy, que reconozca públicamente la no autoría de ETA en los atentados del 11 de marzo de 2004, mientras el secretario de Organización socialista, José Blanco, acusaba a Rajoy, y a los también populares José María Aznar, Eduardo Zapalna y Ángel Acebes, de haber intentado engañar a la población en el momento de los atentados al responsabilizar a ETA.
Al respecto, Zaplana señaló que “Aznar, Rajoy, Acebes y yo mismo somos miembros de un partido que, estando en el Gobierno, detuvo a los terroristas que fueron condenados por el Tribunal”.