López Abella criticó al anterior Gobierno de la Xunta por “presionar a los ayuntamientos, asfixiándolos económicamente” y la diputada del PPdeG Marta Arias añadió que la Vicepresidencia “ignoró las competencias de los ayuntamientos” en materias de dependencia y creó una “red paralela de asesoramiento”.
La secretaria xeral cifró en 27.399 el número de personas en situación de gran dependencia y añadió que en este Consello también estarán “los agentes sociales y asociaciones representativas de los dependientes y sus familias” y criticó a la anterior Vicepresidencia, por ejercer una “política de coacción y represión con los colectivos sociales”.
Respecto al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar dijo que es un “modelo heredado”, que el Gobierno está “obligado a asumir” y definió este ente, creado por la Vicepresidencia del bipartito, como una “agencia de colocación de militantes” del BNG, mediante un “escandaloso sistema de contratación”. Resaltó que la Xunta esta “estudiando todo el mecanismo” del Consorcio, para “reorientar sus políticas” y que deje de ser un “instrumento partidista”, pero añadió que se están encontrando con “muchos obstáculos”.
Piden el pago a las familias de fallecidos
El Valedor do Pobo está a la espera de que la Xunta le responda si acepta su pretensión de que las familias de personas fallecidas durante la tramitación de las ayudas a la dependencia reciban las prestaciones con carácter retroactivo, e insistió en la necesidad de cumplir los plazos de concesión de las prestaciones. El Valedor do Pobo presentó su informe correspondiente al ejercicio 2008 a la presidenta del Parlamento gallego, Pilar Rojo, tras lo que informó a los periodistas de los detalles de las 2.558 quejas tramitadas el pasado año, trescientas más que en 2007. Benigno López insistió en que, pese a que el área de servicios sociales no fue de las más importantes en el plano estadístico, concentró 102 reclamaciones, un 3,98 por ciento del total, de las que más de medio centenar corresponden a incumplimientos en la aplicación de la Ley de Dependencia, la cual opinó que establece unos plazos “muy amplios” en las dos fases de que se compone el procedimiento.