Así, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha concedido la Renta Garantizada de Ciudadanía, el nuevo derecho social que cumple su primer año de implantación, a 6.246 familias, lo que ha permitido atender las necesidades básicas de subsistencia de más de 15.000 castellanos y leoneses -con un promedio de 2,4 beneficiarios por cada unidad familiar-.
A lo largo de 2011 dejaron de ser perceptores de la Renta un total de 1.144 personas, la gran mayoría (dos de cada tres) por haber encontrado un empleo, lo que demuestra que esta prestación, además de solventar la cobertura de las necesidades de subsistencia de las personas sin recursos, persigue de forma activa su inclusión social y laboral.
La Junta de Castilla y León ha destinado en 2011 28 millones de euros a financiar la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León. Y, ante el previsible aumento de la demanda de este tipo de prestaciones, la Administración Autonómica ha decidido dedicar la recaudación del Impuesto de Patrimonio, estimada en unos 40 millones de euros, a sufragar este derecho social que se erige en el último escalón del sistema de protección social. Este esfuerzo impositivo para la sociedad castellana y leonesa obligará a la Junta de Castilla y León a ser más rigurosa, si cabe, en la concesión y seguimiento de la prestación para que la perciban exclusivamente aquellas personas que realmente la necesitan.