La Red de Protección a las Familias afectadas por la crisis aglutina 23 programas de atención a los más necesitados

Fruto de la reunión, el 17 de abril, con representantes del Diálogo Social, del Tercer Sector, las corporaciones locales y los empresarios para abrir una línea de trabajo que permitiese ‘tejer’ e interrelacionar los diversos programas de Administración autonómica para la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
Así, las familias en situación de vulnerabilidad afectadas por la crisis cuentan con una Red de Protección, que les dará una respuesta “integral” y “personalizada” a sus nuevas y crecientes necesidades, y lo va a hacer desde un triple ámbito: la prevención, la atención y la orientación hacia la inserción social y laboral.
Cada persona o familia necesitada dispondrá de su propio Plan de Intervención Personalizado, que, tras abordar su problemática de forma individual, le abrirá la puerta a todos aquellos recursos de la Red de Protección que le puedan servir, de forma simultánea o sucesiva, para aliviar su situación de precariedad y para lograr su inserción social y laboral.
La Red se presentó en una jornada donde participaron todos los agentes implicados y en la que se pusieron en común los resultados de los diferentes grupos de trabajo que se constituyeron. La Red inicia su andadura con 19 programas, -de los que 15 eran servicios de intervención y atención ya consolidados y 4 de reciente implantación-, a los que acaban de incorporarse otros 4 más: prestación económica urgente para pagos de deuda hipotecaria, prestación económica urgente para pagos de alquiler, Plan de Empleo Extraordinario para perceptores de renta garantizada de ciudadanía, y empresa socialmente comprometida. En total, 23 programas y servicios aglutinados en la nueva Red, cuya previsión es atender a más de 100.000 posibles beneficiarios.
Actuaciones prioritarias
Durante su intervención, Herrera destacó el trabajo de los grupos constituidos para el desarrollo de la Red, que dio lugar a un decálogo de actuaciones prioritarias. La primera es facilitar a todos los ciudadanos la información y el acceso a los recursos, lo que se hará a través del teléfono de información 012 y de los propios CEAS de las corporaciones locales. La segunda, dar respuesta rápida y coordinada a las necesidades sociales de los ciudadanos de Castilla y León, para la que se ha buscado la participación e implicación de todos los agentes públicos y privados que desarrollan procesos de inclusión social.
La tercera, garantizar a todos los ciudadanos que los necesiten, la provisión de productos básico de primera necesidad. La cuarta, garantizar especialmente a los menores de edad la atención de sus necesidades de una forma normalizada y no estigmatizante. La quinta, garantizar unos ingresos mínimos a las personas o familias afectadas por la crisis, lo que se conseguirá con la flexibilización y agilización de la tramitación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, además de con el incremento en su dotación económica aprobado.
La sexta actuación prioritaria responde a proteger el derecho de las personas a mantener su vivienda, para lo que se establecen medidas extraordinarias de protección a través del programa integral de atención a familias en riesgo de desahucio. La séptima es facilitar el acceso a una vivienda a las familias con dificultades económicas, con medidas especiales dirigidas al fomento de ayudas al alquiler social entre los grupos más desfavorecidos, priorizando en aquellas familias que tengan a todos sus miembros en paro.
La octava, mejorar la empleabilidad de las personas y familias afectadas por la crisis para favorecer su inclusión social. Para ello se han puesto en marcha una serie de actuaciones específicas que permitan a las personas afectadas alcanzar una cualificación mínima, así como promocionar el autoempleo como forma de inserción, fomentar la formación profesional y fomentar el empleo a través de clausulas sociales y de medidas para la contratación de los colectivos vulnerables.
La novena, habilitar cauces para que la solidaridad de las personas y empresas con sus conciudadanos se lleve a cabo de forma ordenada y segura. Por último, la décima, la asunción por parte de la Junta de Castilla y León del liderazgo que permita la puesta en marcha de todas estas medidas, definiendo los protocolos de trabajo y realizando el seguimiento de las medidas adoptadas.
La puesta en marcha de esta Red culmina la implantación, desde hace varios meses, de una serie de servicios que responden a las nuevas necesidades sociales.