La Plataforma apelará a las ejecutivas del PSOE y del PP para frenar el fin del voto en las municipales

La delegación de la Plataforma contra la Privación del Derecho de Voto de los Españoles del Exterior compuesta por miembros de Francia y Suiza visitó Madrid los días 15 y 16 de diciembre para entrevistarse con representantes de los distintos partidos políticos en el Congreso de los Diputados para intentar incidir y detener la restricción.
La ronda de visitas comenzó con Gaspar Llamazares de Izquierda Unida (IU), quien mostró su apoyo a las iniciativas del colectivo tanto en privado como en el Pleno del Congreso donde se discutieron las enmiendas a la reforma de la ley. El mismo sustento recibieron de José Luís Perestelos, de Coalición Canaria, quien reafirmó el compromiso del Gobierno de las Islas para presentar un recurso de inconstitucionalidad en caso de que la reforma finalmente se concrete.
En cambio, la tónica de la conversación fue distinta en los encuentros que la Plataforma tuvo con miembros de los grupos Popular y Socialista. “Puede resultar paradójico, cuando no chocante, pero los dos partidos mantuvieron el mismo discurso con idénticos argumentos, al punto de que en ciertos momentos no sabíamos ya con quién estábamos hablando”, expresó Juan José Dorado Muñoz, emigrante en Francia e integrante de la Plataforma.
Partidos mayoritarios
Concretamente, de la reunión con los populares Ana Pastor, Celso Delgado y Belén do Campo, Dorado comentó que “fue larga y dura, porque desde el principio era objetivo de la Plataforma no andar con rodeos y llamar a las cosas por su nombre. No hemos venido a Madrid a hacer turismo, sino a defender nuestros derechos y a todo lo que nos dijo el PP nosotros hemos podido argumentar en contra”.
De la reunión se dedujo “que podría existir una posibilidad mínima de modificar posturas en el paso de la reforma al Senado, teniendo en cuenta que se va a convocar un pleno extraordinario para aprobarlo en enero”, dijo Dorado, que resaltó que “lo que quedó patente es que los diputados son un poco rehenes de sus propios partidos, ya que reconocieron abiertamente que ellos no tenían potestad de cambiar una sola coma del texto, puesto que había sido una decisión de ejecutiva de partido. En definitiva, si queremos que haya modificación tendremos que reunirnos con la ejecutiva del partido”.
Jesús Quijano y Elviro Aranda fueron los diputados socialistas con los que se reunió la Plataforma, ambos de la Comisión Constitucional. Ante ellos, el grupo volvió a manifestar su “rotunda contrariedad y a exponer argumentos, etc. Puede resultar paradójico, cuando no chocante, pero los dos partidos mantuvieron el mismo discurso con idénticos argumentos”, resaltó Dorado.
Una de las cuestiones que más contrarían a los miembros de la Plataforma es que aunque el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano con carácter consultivo, ha reflexionado y analizado también durante un largo período de tiempo la reforma, y de manera unánime se ha pronunciado en contra, se ha ignorado su opinión. Además, el informe de la Junta Electoral Central dice que “los dos únicos problemas que hay con el voto exterior son que hay que revisar el censo para evitar el 13% de devolución de papeletas, por un lado; y que hay que ampliar los plazos de manera que el 8% que llegan tarde lo haga a tiempo. Así se podrían contabilizar y alcanzaríamos el 40% de participación”. En definitiva, aseguraron, de seguirse sus recomendaciones “en 10 o 15 años podríamos alcanzar un voto idéntico al de España”.
Defensor del Pueblo
En tanto, la reunión con el Defensor del Pueblo tuvo un carácter distinto al de las anteriores. Mª Luisa Cava no pudo estar presente por estar enferma, pero recibieron a la Plataforma la jefa de Gabinete, el primer adjunto y el responsable del departamento jurídico de la institución. “La escucha fue absoluta y solemne. Expusimos nuestra situación de desamparo. Ellos, por su parte, nos recordaron que la institución no puede presentar un recurso de inconstitucionalidad hasta que no se apruebe la ley y que es norma de la casa que si existe uno -por ejemplo- impuesto por un Gobierno como el canario, el Defensor no presentará uno a su vez”.