Una de las novedades del texto es la reducción de la tramitación autonómica de los planes para lograr una mayor eficacia, por lo que se prevé acortar de tres a dos meses los plazos de las sucesivas intervenciones autonómicas en el procedimiento de aprobación. La Xunta impulsó la tramitación de este reglamento para acabar con la situación de bloqueo de los ayuntamientos de Galicia en materia urbanística.
El Parlamento inició los trámites para aprobar la reforma con el apoyo del PSOE como un gesto para demostrar la solidez de su compromiso para alcanzar con la Xunta un gran pacto sobre el territorio.