La nueva ley de vivienda incluirá la posibilidad de copropiedad con la Xunta

El Consello trató la postura de Galicia de plantear un pago en función de la renta por la prestación farmacéutica

El Consello de la Xunta aprobó el día 12 un anteproyecto de ley que incluye la posibilidad de poner viviendas de promoción pública en copropiedad entre compradores, que tendrán que adquirir un mínimo del 60 % del capital, y el Gobierno gallego. La futura normativa, remitida ya al Parlamento, también prevé construcciones de promoción pública concertadas con empresas privadas, por lo que no será precisa la capacidad económica del Instituto Galego de Vivienda e Solo (IGVS), en aquellas zonas en que se constate demanda.
El conselleiro de Medio Ambiente e Infraestruturas, Agustín Hernández, destacó que la copropiedad permitirá a los ciudadanos comprar vivienda “a cotas más reducidas que adquiriendo el 100 % la propiedad”. Además, la nueva ley “protegerá” al comprador de vivienda legal ante la posibilidad de que se declare ilegal años después, ya que en el caso de que haya que demolerla, la normativa obligará a indemnizar al propietario antes de su desalojo, según el conselleiro.
Por su parte, el presidente de la Xunta aseguró que la ley de vivienda, por la que también se creará el registro de promotores, sustituye a una anterior “confusa y difusa que no resolvió los problemas para los que estaba prevista”, en referencia a la aprobada durante el gobierno bipartito PSdeG-BNG.
Por otro lado, Núñez Feijóo manifestó que la Xunta apuesta por “intentar evitar el copago” en la asistencia sanitaria y plantea un pago en función de la renta por la prestación farmacéutica. Esta es la postura que presentará al Consejo Interterritorial de Sanidad, al que fueron convocadas las autonomías.
En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, Feijoó no quiso pronunciarse sobre el efecto que puede tener en Galicia el ajuste anunciado por el Gobierno de 7.000 millones en sanidad. Así, dijo que va a esperar a estudiar las propuestas que presente el Estado, pero destacó que la Comunidad “no necesita ayuda del Estado para pagar sus servicios públicos”.