La nueva Lei permitirá a los municipios ajustar la reserva de suelo para vivienda protegida a la demanda

De este modo, se establece un 30 por ciento de reserva de suelo a vivienda de promoción pública adaptado ‘a la demanda real’ y que se aumentará o reducirá en cada Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que se ajustará así al registro de demandantes.
Uno de los puntos novedosos de la norma incide en la posibilidad de expropiación de inmuebles de promoción pública por motivos de no ocupación, de falsedad documental o por disponer de otra vivienda protegida. Así lo destacó el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, quien reivindicó que esta nueva Ley presenta vocación de permanencia, es ordenada, ‘transparente y  aporta seguridad frente a las trabas de la norma de 2008, que sentó serias dificultades.
La posibilidad de expropiación se extiende para todo tipo de viviendas por motivos de accesibilidad del edificio, ejecutándose en determinados elementos privativos o comunes del mismo cuando sea necesario realizar obras o implantar instalaciones -un ascensor, por ejemplo-. Otro de los casos que abarca la norma será por motivos de rehabilitación y se llevaría a cabo cuando las viviendas presenten condiciones de deterioro grave de funcionalidad, seguridad o habitabilidad y que supongan riesgo grave para las personas. De este modo, esta modalidad permitirá volver adjudicar las viviendas protegidas a otros usuarios que las necesiten y penalizar su mal uso’.
Asimismo, en sus disposiciones adicionales, la ley establece que no podrá ser demolida ninguna vivienda con licencia ilegal hasta que sus ocupantes reciban de la Administración la correspondiente indemnización.
La ley distingue dos tipos de viviendas protegidas. De un lado, las de promoción pública (VPP), en las que es  la administración la que directamente promueve las obras, eliminando el beneficio de los promotores. La VPP tiene los precios más asequibles y se destina a las personas con menores ingresos (inferiores a 2,5 veces el Iprem), que podrán ser concertadas, de inserción o en copropiedad. En este último caso, los adjudicatarios tendrán la propiedad de al menos el 60% de la vivienda, y el resto será de la Administración autónoma. El otro tipo de viviendas protegidas son las de protección autonómica (VPA). Con la nueva ley de vivienda, la Xunta pretende fomentar las viviendas de promoción pública ya que entiende que son las que presentan una mayor demanda. 
Para facilitar el acceso a la vivienda, la Xunta facilitará el aplazamiento del pago de las protegidas, cuando se den circunstancias económicas que pongan en dificultad hacer frente al pago de cuotas. La ley propone la creación de una bolsa de viviendas que no encuentran salida en el mercado, que será gestionada por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS). La intención de la Consellería es firmar un convenio marco con promotores e instituciones financieras para facilitar la venta de esa reserva, que según Fomento asciende en Galicia a 32.000 casas.
La Xunta tiene previsto aprobar la Ley a finales del presente aaño e, luego de la tramitación parlamentaria correspondiente, se espera que entre en vigor en la primera mitad de 2012. Así lo anunció el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, en una rueda de prensa en la que explicó el contenido de este texto legal que va a substituir a la Lei de 2008.