El próximo martes 11 de junio podría ser el día señalado para la aprobación definitiva de la nueva Lei de Galeguidade. Según ha podido saber España Exterior, es muy probable, si nada lo impide, que la votación de esta ley se incluya en el orden del día del pleno del Parlamento de Galicia que se celebrará los días 11 y 12 del próximo mes.
El pasado martes 21 de mayo la Comisión 1ª Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior aprobó el informe de la ponencia designada para tramitar las enmiendas parciales que los diferentes grupos parlamentarios presentaron al texto inicialmente propuesto por el Gobierno gallego.
Tras el trabajo realizado por la ponencia, que se reunió en cuatro ocasiones, la principal novedad del texto es la incorporación del Título VI el cual define la condición de gallego retornado, así como los derechos y los beneficios que derivan de tal condición, y establece el marco de actuaciones de la Comunidad Autónoma de Galicia en este ámbito.
Inicialmente no estaba previsto que en la Lei de Galeguidade se incluyese el retorno puesto que desde el Gobierno gallego se había manifestado la intención de elaborar una ley exclusiva sobre ello aunque se estaba al albur de lo que decidiese al respecto el Gobierno central ya que también desde Madrid habían manifestado la intención de regular el retorno.
Al final, el Partido Popular de Galicia decidió incorporar en la nueva Lei de Galeguidade lo relacionado con el regreso de los emigrantes a su tierra de origen para clarificar los derechos y beneficios a los que pueden acceder los gallegos retornados.
El informe de la ponencia fue aprobado en Comisión con los votos a favor del PP y en contra del PSdeG, Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y Bloque Nacionalista Galego (BNG). Sin embargo, durante las reuniones de la ponencia se aceptaron enmiendas provenientes de todos los grupos. De hecho, en el informe se incluyen 21 enmiendas del PP, ocho de los socialistas, siete de AGE y seis del Bloque. Además, se transaccionaron algunas más.
Las discrepancias
Desde el Partido Popular, la diputada Paula Prado señaló a España Exterior que ellos entendían que la Lei de Galeguidade regula la relación entre la Administración autonómica y las comunidades gallegas en el exterior mientras que para la oposición debería ser un ley de la ciudadanía gallega en el exterior, en la que se hiciese un reconocimiento explícito a los derechos civiles de los emigrantes.
En este sentido, desde el PSdeG lamentaron que esta Ley supone una “oportunidad perdida” de reconocer la galleguidad de los emigrados y a sus descendientes al centrarse exclusivamente en los que forman parte del movimiento asociativo. La diputada Marisol Soneira señaló que el PP rechazó todas las enmiendas socialistas dirigidas a garantizar los derechos individuales.
Ante esta crítica, la diputada ‘popular’ Paula Prado afirmó que los derechos individuales de los emigrantes gallegos ya están recogidos en el Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior y que no es necesario legislar sobre lo que ya está legislado. Además, añadió, la Lei de Galeguidade, tanto la original de 1983 como esta nueva, se centran únicamente en la relación con las entidades gallegas en el exterior como interlocutores antes la Administración autonómica.
Desde Alternativa Galega de Esquerda explicaron en un comunicado que votaron en contra del informe porque “no corrige ninguna de las deficiencias de la ley actual y supone una amalgama de derechos colectivos y alguno individual que se ven reducidos, limitados y sometidos al imperio de la mercantilización”, tal y como explicó el diputado Xabier Ron.