La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró tras el Consejo de Ministros que la ley es necesaria por “la urgencia del problema” y por “la necesidad de modernización de una normativa que tiene ya 35 años” y está, “evidentemente, desfasada”, en referencia a la ley de protección del medio ambiente atmosférico, que data de 1972.
Recordó De la Vega que la política medioambiental del Gobierno, y la nueva norma, se basa en la prevención, en el principio de responsabilidad, “el que contamina paga”; y el de corresponsabilidad de todas las Administraciones, de forma que la futura ley del aire exigirá a los ayuntamientos de más de 250.000 habitantes que tengan planes de evaluación de su calidad del aire.