La portavoz de Emigración del Grupo Popular, Paula Prado, informó que el PP introducirá una serie de enmiendas en materia de retorno en esta iniciativa legislativa, con el objetivo de dar claridad y uniformidad a la hora de definir la condición, requisitos para cumplir y ámbito de actuación de las administraciones públicas gallegas a la hora de atender a los ciudadanos gallegos residentes en el exterior y sus familiares directos que quieran retornar a Galicia.
Los grupos de la oposición criticaron que el proyecto de ley no incluyera este aspecto.
Es una novedad que todo lo relacionado con el retorno se vaya a recoger en esta ley puesto que en un principio la Xunta iba a presentar una ley gallega del retorno, incluso ya había un borrador, y solo estaba esperando a que el Gobierno central presentase la suya, también prometida pero todavía inexistente, para no colisionar.
Ahora que todos los grupos políticos defienden que la Lei de Galeguidade contenga lo relacionado con el retorno se puede dar por cerrada la posibilidad de una norma autonómica específica.
Trámite
Tras superar este trámite el proyecto de Lei de Galeguidade pasará a la Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior del Parlamento gallego dentro de la cual la ponencia formada por Paula Prado (PP), Marisol Soneira (PSdeG), Xavier Fernández Ron (AGE) y Francisco Jorquera (BNG) realizará un informe sobre el texto presentado por la Xunta de Galicia teniendo en cuenta las enmiendas parciales de los diferentes grupos -cuyo plazo de presentación finalizó el viernes 6 de abril- que posteriormente será debatido y votado dentro de la Comisión.
Una vez aprobado el informe de la Comisión, el cual contendrá las enmiendas al articulado del proyecto de ley que se aprueben por este órgano, el texto volverá al pleno del Parlamento para su debate y votación definitiva.
Las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición y debatidas en la Cámara autonómica el martes día 9 de abril se referían a algunos aspectos fundamentales.
Por un lado consideraron que la norma presentada por el Ejecutivo gallego se centraba en los derechos de las entidades gallegas en el exterior sin desarrollar los derechos de los gallegos residentes en el exterior. Le achacan que se le da más importancia a los centros que a las personas.
En esta misma línea se dirigen las enmiendas parciales presentadas al texto por el PSdeG, que incluyen cambios en el articulado en este sentido.
Los socialistas han presentado nada menos que 97 enmiendas parciales con la argumentación de fondo de que la norma incumple la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía por cuanto “otorga derechos exclusivamente a entidades y no a los sujetos de derecho subjetivo”, y reconoce “exclusivamente a las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia a colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo gallego sin establecer mecanismos de participación para los cientos de miles de gallegos que residen fuera de Galicia”.
Como ejemplo basta con la enmienda presentada por los socialistas al artículo 1, en el que se describe nada menos que el objeto de la norma.
La propuesta de la Xunta del artículo 1.1 dice: “La presente ley tiene por objeto regular el derecho de las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia a colaborar y compartir la vida social y cultural del pueblo gallego y el reconocimiento de su galleguidad, y su alcance, así como establecer los canales de participación, comunicación y apoyo entre las entidades y las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia con el pueblo de Galicia y sus instituciones”.
Para los socialistas el artículo 1.1 debe decir: “La presente ley tiene por objeto garantizar a la ciudadanía gallega residente fuera de Galicia el ejercicio de sus derechos y deber en iguales condiciones que para los residente en Galicia, así como reforzar sus vínculos sociales, culturales, económicos y lingüísticos con la Comunidad Autónoma de Galicia”.
“No tiene lógica legislar sobre lo ya legislado”
En este sentido, la portavoz de Emigración del PP en el Parlamento gallego, Paula Prado, consideró “ilógico” que la Lei de Galeguidade establezca de nuevo derechos ya reconocidos constitucional y estatutariamente. En este sentido, hizo referencia a la Ley del Estatuto de la Ciudadanía en el Exterior, que establece los derechos y deberes constitucionales de los españoles residentes en el exterior en tener de igualdad con los españoles residentes en territorio nacional.
“No tiene lógica ni legislar sobre lo ya legislado, ni establecer diferentes derechos para los españoles residentes en el exterior dependiendo de la autonomía de origen en la que estén registrados”, señaló. Asimismo, subrayó que “nuestros residentes en el exterior no deben tener un derecho menos que nuestros ciudadanos residentes en la Comunidad de Galicia, y tampoco ningún derecho más, excepto el de retornar su tierra madre”.
Paula Prado lamentó que la oposición se hubiese situado totalmente en contra del proyecto de ley presentado por la Xunta.
Otras críticas
En el debate de las enmiendas a la totalidad el diputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Javier Fernández Ron, y el del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Francisco Jorquera, coincidieron en criticar que, en su opinión, el texto presentado “es una oportunidad perdida” de hacer una Ley de la Ciudadanía Gallega en el Exterior.
Jorquera recordó en varias ocasiones que el Gobierno de Castilla y León, del PP, sí que está tramitando una Ley de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior.
También desde el BNG señalaron que el proyecto de ley abre las puertas a entidades que no son gallegas y que es excesivamente burocrático, reglamentista y centralizador.
Para AGE la nueva Lei de Galeguidade introduce una versión “mercantilista” de la emigración al fomentar que las entidades gallegas en el exterior se conviertan en agentes de dinamización para favorecer la internacionalización de la economía gallega. Asimismo, el PSdeG destacó que solamente el 10% de los emigrantes gallegos están ligados a una entidad.