La resolución ordena que la intervención del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social de la República Argentina) en la centenaria institución deberá concluir el 31 de marzo del año próximo. Según la documentación recibida por este medio, la sala B del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 54 resolvió fijar dicha fecha “como plazo de vigencia de la intervención”; además, dispuso la designación del contador Nicolás Jacinto Serafini como veedor informante de la gestión del interventor Carlos La Blunda.
En la resolución se explica que las funciones del veedor serán las de “presentar un informe mensual de seguimiento, vigilancia y fiscalización social de la gestión del interventor judicial, dejando constancia en el mismo de todas las circunstancias que considere relevantes y, puntualmente, del manejo de los fondos de la entidad, de las contrataciones que se efectúen con prestadores o personal y de la evolución de la cartera de litigios. A tal efecto se le asignan facultades para conocer, informarse y monitorear las funciones de la persona encargada de la intervención”.
Juan Manuel Pérez, presidente de honor de ‘Galicia’, explicó que la intervención por parte del INAES “no se halla firme” ya que la decisión del desplazamiento de la última junta directiva, que presidía Carlos Vello y estaba conformada por integrantes de ‘Unión Gallega’ y ‘Galicia’, se encuentra en tratamiento ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil.
Circular polémica
Por otra parte, recordó que integrantes de ‘Galicia’ le enviaron una carta documento a La Blunda para que rectifique “una circular de su autoría distribuida en el Centro Gallego que afectó nuestro buen nombre y honor” en la que se afirma que la junta directiva desplazada, “de la que pertenecían destacados adherentes de nuestra agrupación, había montado un escándalo con la sola finalidad de favorecer que la cámara revoque la intervención” y en la que “nos tildaba de mafiosos que quieren seguir adelante con la desaparición del Centro Gallego y sus negociados inmobiliarios”.
A su vez, La Blunda recusó la carta documento “por falsa, maliciosa e improcedente en todos sus términos” y negó que la intervención que encabeza haya suscripto en el ámbito del Centro Gallego “ningún impreso de carácter injurioso o calumniante”, por lo que los intimó “a cesar en la falsa acusación a esta intervención bajo apercibimiento de ley”.
Pérez, quien presidió el Centro Gallego durante dos períodos (1974-1978 y 1990-1994) destacó que aunque el juez ante el que presentaron la denuncia no hizo lugar al reclamo de la agrupación de participar en la conducción de la intervención, sí le impuso un veedor para fiscalizar su gestión, a la que también le puso un plazo de finalización. “El juez le ha dicho a La Blunda: no confío en lo que usted me dice”, resaltó.
Aunque reconoció que desde que el INAES intervino el Centro Gallego crecieron el número de camas ocupadas y se produjo un importante aumento en la facturación, aclaró que eso sucedió “porque asumieron en un momento en el que no se podía estar peor”.
Como contrapartida, subrayó que la gestión de La Blunda “en vez de corregir el problema del exceso del plantel de empleados, que era uno de los problemas que todo el mundo decía que había que solucionar, lo aumentó en más de 200 personas, de las cuales un 60 por ciento no son médicos ni profesionales de la salud”.
No era necesaria
En la misma tónica, aseguró que la intervención no era necesaria: “El Centro Gallego es de los socios, y nadie más que los socios puede dirigirlo, por lo tanto no estamos de acuerdo con nadie que venga a apropiarse de lo que es nuestro”.
Ya pensando en una futura recuperación de la dirección de la gestión de la entidad por parte de las agrupaciones políticas y en posibles alianzas, señaló: “Queremos participar en la conducción para preservar la obra más importantes que han hecho los gallegos en la emigración, pero no vamos a acordar con nadie que no esté de acuerdo con nuestros principios porque tiene que haber una unidad de criterio de gente que quiera venir a trabajar y dedicar su tiempo a la institución sin cobrar un solo centavo”, y aclaró que ‘Galicia’ envió una carta al resto de las agrupaciones con esta intención, pero que sólo recibieron respuesta de ‘Unión Gallega’, pero no así de ‘Celta’, ‘A Terra’ y ‘Breogán’.
Al ser consultado sobre los motivos que llevaron al debacle económico del Centro Gallego y que resultaron en la intervención de la entidad, admitió: “Hubo un proceso económico financiero mal manejado en el que todos tuvimos parte de la culpa por haber tolerado en silencio los avances sucesivos sobre nuestra institución”.
A pesar de que según lo establecido en los estatutos de la Fundación Galicia Salud, que gestionó el hospital de la institución durante más de ocho años, tanto la Xunta como el Centro Gallego debían hacerse cargo en partes iguales de solventar el concurso de acreedores de la Fundación, Pérez aseguró que el Gobierno gallego se ha hecho cargo de toda la deuda.
“El Centro Gallego no debe nada en ese concurso; basta fijarse en el balance que presentó La Blunda el 30 de abril para darse cuenta de que ningún acreedor le está reclamando nada a la institución. Los laboratorios le están vendiendo al Centro Gallego libre de deuda porque se conformaron con la propuesta económica de la Xunta, sino no lo harían”, aseveró.
Asimismo, recalcó que desde un primer momento se opuso a la creación de la Fundación: “En 2003, cuando yo era delegado del Gobierno gallego en Argentina, Manuel Fraga, a quien respeté y admiré más allá de cuestiones políticas porque fue quien estuvo más cerca de nosotros cuando más lo necesitamos, me ofreció ponerme al frente de Galicia Salud pero yo le dije que no quería hacerme cargo porque eso significaba entregar la identidad de los gallegos”.
Para Pérez, el respeto a esa identidad, la honestidad y la venta de los servicios del hospital a terceros es el camino a seguir para lograr la recuperación y el saneamiento de la institución: “Hay que entender que sólo con el ingreso de las cuotas sociales el Centro Gallego no puede subsistir y que es necesario ofrecer nuestros servicios a gente que no sea socia de la institución a través del servicio de medicina prepaga. Es un proyecto que yo ya había presentado en 1991, pero lamentablemente Fraga no lo entendió”, concluyó.