Según expone el fallo judicial, La Blunda, interventor del Centro Gallego en representación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) del Gobierno argentino, solicitó a la justicia argentina la aprobación del aumento de un 50,34 por ciento sobre el valor actual del costo de la cuota social.
En dicha solicitud, el interventor reconoce que la fijación del monto de los valores de las cuotas sociales, que se adecuan a los planes previstos en los reglamentos internos, es facultad exclusiva de la asamblea de representantes, además de sujetarse a lo prescripto por la ley 26.682 y las reglamentaciones de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo de contralor y autoridad de aplicación del Gobierno argentino respecto a las instituciones sanitarias.
En ese sentido, La Blunda justificó su solicitud argumentando que dado que en la actualidad la gestión del Centro Gallego se encuentra intervenida por el INAES existe una “imposibilidad técnica” para convocar a la asamblea de representantes, buscando así evitar dicho procedimiento con el objetivo de poder aplicar directamente los incrementos en los costos de las cuotas sociales.
Sin embargo, el Juzgado Civil Nº 54 denegó su requerimiento y recordó que la intervención judicial que afecta en la actualidad al Centro Gallego es una medida de carácter restrictivo y excepcional “que debe aplicarse con suma cautela y prevención, limitándose a casos de gran peligro en que otra solución no sea posible”.
Siguiendo esa línea, el fallo apuntó que dicha intervención “no puede importar una infundada intromisión o interferencia en la asociación, a fin de no provocar un daño mayor del que se quiere evitar, debiendo el órgano jurisdiccional tratar con prudencia todo lo que importe interferencia societaria”, subrayando al mismo tiempo que la función de modificar los valores de las cuotas sociales no le fue asignada a la intervención, más allá de la imposibilidad técnica que representa el no poder convocar a una asamblea de representantes.
Asimismo, el Juzgado Civil Nº 54 sostuvo que La Blunda, si bien recibió las facultades que el estatuto social confiere al órgano directivo y fiscalizador de la institución al haber sido designado interventor y único administrador del Centro Gallego, “pretende arrogarse facultades propias de la asamblea de representantes que ciertamente exceden el marco autorizado a dicha intervención”, la cual, cabe recordar, vencerá el 31 de marzo próximo conforme a la resolución de la Sala B de la Cámara de Apelaciones.
“En consecuencia y por lo expuesto, visto que en el caso la intervención y la designación del administrador La Blunda fue realizada con desplazamiento de los órganos Directivos y de Fiscalización, con las atribuciones propias que le competen a estos órganos, y visto como quedó plasmado que la determinación de la cuota social es un facultad exclusiva de la asamblea, no corresponde acceder a lo solicitado, debiendo en su caso recurrir a las facultades que le confieren los arts. 16 y 17 de la ley 20.321”, concluye la sentencia.
Por su parte, los integrantes de la Agrupación Galicia, si bien reconocen que el importe de la cuota social del Centro Gallego “está totalmente retrasado” respecto a los valores acordes con el mercado sanitario, recalcaron que para aprobar una modificación de los mismos es necesario entregar a los representantes de los socios todos los elementos contables y presupuestarios que demuestren y justifiquen tal necesidad.
“La Agrupación Galicia no tiene ninguna objeción en reunir a su cuerpo de representantes para, una vez recibida la documentación mencionada, analizarla y de ser factible apoyar tal aumento que entendemos es indispensable para garantizar la calidad de las prestaciones médicas a todos sus asociados”, señalaron, expresando asimismo su deseo de que La Blunda tenga a bien convocar a todas las agrupaciones políticas de la institución “para que juntos podamos darle a nuestro Centro Gallego los recursos económicos que le son indispensables”.