Así lo acordó, con la abstención de la representante del Grupo Parlamentario Popular, en la reunión extraordinaria celebrada en Mérida, a la que asistió la vicepresidenta primera y portavoz de la Junta de Extremadura, Dolores Pallero.
El Estatuto de Extremeños en el Exterior es un compromiso asumido por el Gobierno regional en las últimas elecciones autonómicas y pretende actualizar la Ley de la Extremeñidad, aprobada en 1986, para adaptarla a la nueva realidad de la región y de los extremeños que emigraron. Asimismo, sienta las bases para la elaboración de un plan general de retorno para los extremeños en el exterior, que es otro de los compromisos de la Junta en materia de emigración.
Tras 22 años en vigor, prácticamente la totalidad de las comunidades extremeñas en el exterior han puesto de manifiesto la necesidad de actualizar el marco legal vigente, de forma que se adapte a las nuevas necesidades planteadas por los extremeños que residen fuera de Extremadura, necesidades diferentes a las que tenían cuando emigraron, debido fundamentalmente a los cambios sociológicos habidos en los últimos 25 años. En este tiempo, la emigración masiva que tanto castigó a Extremadura durante décadas ha desaparecido y hoy la región ha pasado de ser tierra de emigrantes a tierra de acogida, si bien todavía se mantiene una importante población residente en otros lugares.
Desde el reconocimiento de la nueva realidad extremeña, el Estatuto de Extremeños en el Exterior pretende mantener vivos los vínculos de los residentes en el exterior con Extremadura, estrechando lazos entre los poderes públicos, como representantes del pueblo extremeño, y aquellas personas que tuvieron que marcharse.
Retorno y congreso mundial
En este sentido, incluirá las relaciones de la Administración autonómica no sólo con los movimientos asociativos en el exterior, sino también con los extremeños en el exterior individualmente considerados.
La Ley definirá qué ha de entenderse por extremeños en el exterior y establecerá cuáles son sus derechos. Asimismo, establecerá el procedimiento para el reconocimiento y cancelación de entidades como comunidades extremeñas, así como sus relaciones con las instituciones públicas de Extremadura; regulará el Registro Oficial de Comunidades Extremeñas, el Servicio de Orientación a los Extremeños en el Exterior y el Consejo de Comunidades Extremeñas, e incluirá la celebración de un congreso mundial de comunidades extremeñas cada cuatro años. Como una de las principales novedades, detallará medidas sociales para facilitar el retorno de los extremeños residentes fuera de la Comunidad.
El anteproyecto de ley, que recoge las aportaciones de las comunidades extremeñas, pasará al Consejo Consultivo para que emita el informe preceptivo. A continuación, se someterá a la aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta, que remitirá el proyecto de ley a la Asamblea para su debate en este próximo periodo de sesiones.