El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, anunció a mediados del pasado mes de julio que el Ejecutivo autonómico ha decidido plantear a las entidades financieras que operan en Andalucía una moratoria en materia de desahucios de vivienda habitual y permanente, en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncia sobre el recurso interpuesto por el Gobierno de la Nación contra el decreto sobre el Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumpliento de la Función Social de la Vivienda de la Junta, que mantendrá la norma suspendida de forma cautelar durante un plazo estipulado en cinco meses.
Así, Vázquez informó de que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, pedirá que durante este período, en el que el TC “deberá ratificar o levantar la suspensión cautelar”, no se lleve a cabo “la ejecución desalojos de familias que se encuentran en riesgo de exclusión social”.