Tiene como principal novedad un paquete de cinco beneficios fiscales dirigidos a estimular la I+D+i y sobre todo a ayudar a constituir, ampliar o mantener su empresa a los emprendedores que generen puestos de trabajo en Castilla y León. Junto a esto, la regulación que acompañará al Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el próximo año da un paso más en la reducción del sector público, del que desaparecen la empresa ADE Parques Tecnológicos y Empresariales SA y el Instituto de la Juventud.
La Junta , prudente y moderada en su capacidad normativa en materia de impuestos, fue la última Comunidad española en hacer uso de la posibilidad de implantar tributos propios, en 2012. Y en la región las ventajas fiscales están reservadas a los ciudadanos con menos posibilidades económicas. Siguiendo esta línea, el Ejecutivo no subirá los impuestos en 2014, ni creará ninguno nuevo.
Las deducciones, exenciones y bonificaciones en los tributos que gestiona el Gobierno regional responden a prioridades tan básicas como la creación y el mantenimiento del empleo, aún más necesarias en momentos de crisis como el actual. De ahí que cinco de los nuevos beneficios fiscales previstos para 2014 profundicen en esta filosofía, y en concreto en ayudar a los emprendedores y estimular la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i).
El primero de ellos es la deducción para el fomento del emprendimiento empresarial, que se aplicará en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y asciende al 20% de las cantidades dedicadas a adquirir acciones o participaciones de cualquier tipo de sociedad que o bien se constituya, o bien amplíe capital. La inversión debe suponer entre el 1% y el 40% del importe de la operación, y es imprescindible que la empresa incremente sus trabajadores y los mantenga durante al menos tres años.
Tipos reducidos
La segunda novedad consiste en una deducción del 15% del IRPF para las donaciones que sufraguen proyectos de I+D+i en Castilla y León, desarrollados por las universidades públicas de la Comunidad o por fundaciones u otras instituciones cuya actividad principal sea la investigación, el desarrollo y la innovación.
Con el mismo fin de favorecer la creación de tejido productivo, el anteproyecto introduce dos tipos reducidos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Por un lado, prevé gravar la compra de inmuebles para sede o centro de trabajo de una empresa o negocio profesional con el 5%, en lugar de aplicar los porcentajes generales del 8% al 10%. Por otra parte, contempla un gravamen del 0,5% -un tercio del habitual 1,5%- para las primeras copias de escrituras y actas notariales que documenten este tipo de operaciones, así como para los préstamos y créditos hipotecarios vinculados a ellas. Es para acceder sociedades con domicilio fiscal y social en Castilla y León, que estén en funcionamiento durante los cinco años siguientes a la fecha de la adquisición y que aumenten su plantilla laboral respecto al ejercicio anterior. Como garantía adicional, se excluye a aquellas que tengan como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.
La normativa incluye un quinto beneficio fiscal que mejora otro de carácter estatal: la reducción por donación de participaciones de sociedades, que pasa del 95% al 99% de la base imponible siempre que la entidad a la que afecte la transmisión conserve su número de trabajadores durante los tres ejercicios siguientes.