La Junta homogeneiza las ayudas de emergencia social en toda la Comunidad y fija en un mes el plazo máximo para concederlas

Los emigrantes retornados pueden acceder a esta prestación

Los consejeros de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, y Familia, Milagros Marcos, en la reunión con los delegados territoriales de la Junta.

Son para cubrir gastos de alimentación, higiene o alojamiento temporal en casos de urgencia social. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en su apuesta por ayudar a las familias que más lo necesitan, ha regulado que se presten, por primera vez, de forma homogénea en todas las provincias de Castilla y León, en cuanto a requisitos, cuantías, condiciones, destino de la ayuda y plazos. Tal y como acordó con los sindicatos y los empresarios dentro del Diálogo Social, será una ayuda finalista, temporal, inembargable, de carácter extraordinario, de pago único y compatible con cualquier otro ingreso o prestación, incluida la Renta Garantizada de Ciudadanía.
Las ayudas se otorgarán a aquellos castellanos y leoneses que no puedan cubrir, de forma puntual, sus gastos de alimentación, cuidados personales esenciales (vestido e higiene) o alojamiento temporal en casos de emergencia social.
Los beneficiarios
Serán potenciales beneficiarios de estas ayudas aquellas personas en situación de urgencia social que residan en la Comunidad, al menos, durante los seis meses previos a la solicitud, salvo en el caso de emigrantes retornados o de víctimas de violencia de género desplazadas de otras autonomías.
Los ingresos anuales de la unidad familiar no podrán superar la cuantía equivalente a 1,2 veces el IPREM anual; es decir, percibir menos de 8.478 euros para personas individuales. Ese límite se irá incrementando en función del número de miembros, hasta un máximo de 1,8 veces el IPREM anual (11.500 euros para unidades familiares de cuatro o más miembros).
Para el cómputo de la cuantía, se tendrán en cuenta todos los ingresos procedentes del trabajo y de las pensiones, prestaciones o aquellos subsidios públicos que reciba la unidad familiar, excepto los condicionados para un destino concreto, como por ejemplo la Dependencia. Se descontarán, además, los gastos ocasionados por el alquiler o la hipoteca.
Corresponderá a las entidades locales gestionar estas prestaciones. La Junta mantiene su compromiso de cofinanciar estas ayudas en un 65% y el 35% restante correrá a cargo de las corporaciones locales. La Gerencia Regional de Servicios Sociales y las entidades locales destinarán a lo largo de este año 3,8 millones de euros a financiar estas ayudas de emergencia social en la Comunidad.
Por otro lado, la titular de Familia, Milagros Marcos, realizó un balance de los primeros cuatro meses de funcionamiento del Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucios. Es un servicio, pionero en España en el ámbito de los Servicios Sociales, que acompaña al ciudadano, de forma individualizada, en todas las fases del proceso: aborda el problema desde la raíz, con medidas preventivas, busca soluciones paliativas y actúa de intermediario con las entidades financieras para tratar de que no se produzca la pérdida de la vivienda.
Prevención ante desahucios
Marcos aseguró que la “clave” está en la prevención y en acudir a este servicio antes de que se produzca el primer impago de la hipoteca. En estos primeros cuatro meses, se ha atendido a 576 familias. El perfil del usuario es el de pareja estable, con uno o dos hijos y con una edad media de 43 años.
La principal solución encontrada ha sido la reestructuración de la deuda, ya sea por aumentos del plazo del préstamo, reunificación de deudas, disminución del tipo de interés, quitas, carencias…
Finalmente, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, informó de las medidas adoptadas en el sistema de dependencia de Castilla y León junto con el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en la reunión de coordinación con los nueve delegados territoriales, en el marco de la Comisión General de Coordinación Territorial de la Junta de Castilla y León.
La consejera destacó que de cada cinco euros que se destinan a la atención a la dependencia, el Estado sólo pone un euro, es decir, el 80% lo pone la Junta de Castilla y León frente al 20% del Estado. Milagros Marcos también informó que la deuda de la Administración General del Estado con la Junta durante el periodo 2008-2011 es de 457 millones de euros.
A su vez, comentó la altísima valoración que recibe el sistema de Castilla y León por parte de las asociaciones independientes de gerentes, siendo el Gobierno autonómico la única Comunidad que ha obtenido una nota de sobresaliente en las tres evaluaciones realizadas.