La Junta cifró en 10 millones las indemnizaciones que abonará a los agricultores y que corresponden a las más de 6.000 solicitudes sobre las 220.000 hectáreas dañadas.
Tras la reunión, en la que estuvieron presentes la vicepresidenta primera y consejera de Medio Ambiente, María Jesús Ruiz, los directores generales de Urbanismo y Política del Suelo y Salud Pública, Ángel María Marinero y José Javier Castrodeza, y la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, esta última avanzó que la Junta exigirá al Gobierno central que se haga cargo del 50 por ciento de la citada cuantía ya que, dijo, “creemos que es una aportación justa” y recordó que hace poco el Ministerio de Agricultura aprobó un plan de indemnizaciones para el olivar andaluz con daños semejantes a los provocados por los topillos.
Asimismo, precisó que durante la reunión se puso en común el trabajo efectuado y su coordinación. En este sentido, indicó que se ejecutan actuaciones “combinadas” de “lucha mecánica, química y de quema controlada” de rastrojos, en estos momento existen 40 propuestas de intervención de las provincias dirigidas a proteger los cultivos de regadío. Fomento ya ha limpiado 534 kilómetros de cunetas de carreteras autonómicas. Además se creó un comité científico con las Universidades de León, Salamanca y Valladolid para elaborar un plan director sobre plagas.
En este contexto, se refirió a la manifestación convocada por las organizaciones agrarias, y expresó su respeto al derecho de manifestarse, aunque matizó que “en poco o en nada” contribuye a acabar con el problema porque todas las medidas que se podían poner en marcha y que tanto las organizaciones agrarias como la Junta consideraban oportunas se están ejecutando. Poco después de su intervención, el propio Juan Vicente Herrera explicó las medidas a los representantes de las cuatro organizaciones agrarias de la región (Asaja, Coag, UPA y UCCL), que llegaban al Colegio de la Asunción tras recorrer en manifestación parte del Paseo Zorrilla. Unas medidas que no contentaron del todo a los manifestantes, principalmente en lo que a dos capítulos se refiere: por un lado, el tema de las indemnizaciones en secano -algo “muy difícil de cumplir” según el presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, porque exige conservar una muestra de sus cultivos- y por otro, el hecho de que hasta septiembre no puedan abordar a título individual la quema de rastrojos.