La Junta disuelve la Fundación Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior

Dentro de un plan de medidas de ahorro por importe de 366 millones de euros para cumplir el objetivo de déficit en 2012

Los consejeros de Hacienda, Pilar del Olmo, y de Presidencia, José A. de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa.

El Consejo de Gobierno aprobó el día 3 de mayo una serie de medidas para la reducción del gasto público por importe de 365,9 millones de euros que incluye la reducción del 29% de las empresas y fundaciones públicas, que generará un ahorro de 19,2 millones y que conllevará la extinción de la Fundación Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior y Cooperación al Desarrollo, entre otras, y la asunción de sus competencias por la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, que encabeza María de Diego Durántez.

El Consejo de Gobierno trató el día 3 de mayo el contenido del Plan de Ajuste de la Junta de Castilla y León para 2012, del que informó la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, que permitirá cumplir el objetivo de déficit marcado para este año y acceder al mecanismo extraordinario de financiación que agilizará el pago a los proveedores de la Administración. El documento recoge medidas de reducción del gasto público por importe de 365,9 millones de euros.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del pasado 6 de marzo aprobó una nueva línea de préstamo para agilizar el abono de la deuda de las autonomías con sus proveedores, al que Castilla y León decidió adherirse porque supone una inyección inmediata de recursos en un momento de dificultad para acceder al crédito, según explica una nota de prensa de la Junta.

Para beneficiarse de esta fórmula el primer paso era solicitarlo antes del 1 de abril, petición que la Junta efectuó en tiempo y forma. El siguiente trámite fue enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el listado con las obligaciones pendientes de pago que podían financiarse a través de este mecanismo, que en el caso de Castilla y León suponen 1.066 millones de euros. Y la tercera condición y la más importante era presentar un plan de ajuste acorde a las instrucciones marcadas por la Secretaría del CPFF, que se remitió al Gobierno de España el lunes 30 de abril.

El Plan de Ajuste 2012 de la Junta recoge la descripción y el calendario de aplicación de las medidas de restricción del gasto y aumento de ingresos que, a juicio del Ejecutivo Autonómico, garantizan el cumplimiento del objetivo de estabilidad fijado para el año 2012 (-1,5% del PIB) y siguientes.

Apuesta sostenida de Castilla y León por la austeridad

Por el lado del ahorro se prevé un amplio catálogo de iniciativas, muchas de ellas ya en vigor. Conviene recordar, en este sentido, que el Gobierno de Castilla y León fue uno de los primeros en apostar por la austeridad, hasta el punto de que las primeras acciones de contención se tomaron en 2009.

Esto ha permitido que la Junta haya sido pionera en la ampliación de la jornada laboral de los empleados públicos hasta las 37,5 horas, que se aplica desde el 1 de marzo; así como en la reducción de las consejerías y altos cargos y de los consejeros de los Consejos Consultivo y de Cuentas, que se remonta al pasado mes de julio; la rebaja de los liberados sindicales en la Administración; la minoración de las sustituciones, y la no complementación de las bajas por enfermedad desde el cuarto mes. Hay otras decisiones que se materializarán en breve, que son desarrollo de los dos decretos ley recientemente aprobados por el Gobierno de la nación y afectan a las áreas de Sanidad y Educación, que serán debidamente debatidos en el próximo pleno de las Cortes.

En materia de ingresos, el documento contempla medidas como el establecimiento del llamado ‘céntimo sanitario’, la creación de dos impuestos de carácter medioambiental, la limitación de los beneficios fiscales y los descuentos en las tasas y precios públicos a las rentas más bajas, la aplicación de este mismo criterio a las prestaciones de Servicios Sociales, la lucha contra el fraude en los tributos propios y la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.

Reducción del 29% de las empresas y fundaciones públicas

El Plan de Ajuste también hace referencia a la reestructuración del sector público de Castilla y León, que está formado por 106 entes. La Junta carece de poder de decisión sobre 27 de ellos, otros 4 son universidades públicas y 37 organismos que dependen de esas instituciones académicas. Esto supone que el Gobierno autonómico sólo puede actuar sobre 38 empresas públicas, fundaciones y consorcios, de los que desaparecerán 11, es decir, el 29%. Con ello se generará un ahorro de 19,2 millones.

En concreto, habrá una reordenación de la Fundación Santa Bárbara, los Centros Europeos de Empresas e Innovación de Castilla y León y Siemcalsa, en los que la Junta no ostenta mayoría accionarial, que concluirá antes de finalizar el año. La reestructuración por extinción, fusión o absorción afectará a las empresas públicas Excal, Sotur y Appacale, y a la Fundación para la Enseñanza de las Artes de Castilla y León (Arcyl), la Fundación Centro Regional para la Calidad y Acreditación Sanitaria de Castilla y León, la Fundación Hospital Clínico Veterinario, la Fundación Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior y Cooperación al Desarrollo y la Fundación Anclaje.

En el caso de la Fundación Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior y Cooperación al Desarrollo, la Junta ha optado por la extinción, tal y como confirmaron a Castilla y León Exterior fuentes del propio Ejecutivo autonómico, que explicaron que las competencias de la Fundación las asumirá la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, que encabeza María de Diego Durántez.

Este proceso se complementará con un conjunto de acciones para limitar o rebajar los gastos de los órganos de dirección y administración de los entes del sector público, que se recogen en el Anteproyecto de Ley de Medidas que acompañará al Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2012.

Asimismo, el Plan de Ajuste incorpora las reformas estructurales que se consideran idóneas para fomentar el crecimiento económico, la generación de empleo y el estímulo a la creación de empresas, entre las que destaca el fomento de un marco regulador estable, la reducción de cargas burocráticas a ciudadanos y empresas, la centralización de compras de medicamentos y productos sanitarios y la publicación anual de las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos de las empresas públicas.

Por último, finaliza la nota de prensa, la Junta se compromete a remitir toda la información que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere necesaria para el seguimiento del cumplimiento del Plan de Ajuste, así como cualquier otra que se requiera de cara a garantizar que la comunidad se atiene a los objetivos de estabilidad presupuestaria, los límites de deuda pública y las obligaciones de pago a proveedores.