Redacción. Sevilla.
El Consejo de Gobierno remitió el 9 de junio al Parlamento andaluz para su debate y tramitación el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte.
El texto regula el ejercicio de los derechos del paciente durante la última etapa de su vida para asegurar su autonomía y el respeto a su voluntad y dignidad. También establece los deberes de los profesionales encargados de la atención y las funciones de las instituciones y centros sanitarios.
La futura ley, primera que se aprobará en España sobre la materia, reconocerá el derecho de los ciudadanos andaluces a declarar la voluntad vital anticipada, que deberá respetarse tal y como se establece en el Estatuto de Autonomía. Se trata de “un salto cualitativo” en cuanto a la atención al paciente y su dignidad, “incluidos los momentos finales”, explicó la consejera de Salud, María Jesús Montero, quien aprovechó para dejar claro que la norma, en ningún caso, regulará “ni la eutanasia ni el suicidio asistido”, actos incluidos como delitos en el Código Penal.
Entre los derechos reconocidos en el texto se encuentra el de recibir o no, si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico para ayudarle a tomar decisiones. También se regula el derecho del paciente a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa, y cuidados paliativos integrales en su domicilio siempre que no estén contraindicados y la persona así lo desee. El paciente podrá igualmente rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.
Intimidad personal y familiar
La intimidad personal y familiar y la protección de todos los datos relacionados con el proceso de atención sanitaria están garantizadas y el paciente podrá estar acompañado por su familia durante el proceso de la muerte. Aquellos que tengan que ser hospitalizados tendrán derecho a una habitación individual durante su estancia, tanto en el ámbito público como en el privado. Las instituciones deberán proporcionar apoyo y asistencia a la familia de la persona en situación terminal, así como garantizarle una atención integral durante el duelo.
Además, los profesionales ssanitarios estarán obligados a transmitir información sobre el derecho a formular la declaración de voluntad vital anticipada y consultarla en aquellos casos en que esté redactada y la persona no pueda expresar sus preferencias.
estarán obligados a transmitir información sobre el derecho a formular la declaración de voluntad vital anticipada y consultarla en aquellos casos en que esté redactada y la persona no pueda expresar sus preferencias.
La Ley ha gozado de un "amplio debate" entre expertos, instituciones y colectivos sociales durante el proceso de elaboración. "Ha ido ganando perspectiva y riqueza durante desde septiembre de 2008", dijo la consejera de Salud, María Jesús Montero, quien añadió que el texto no ha perdido "sus principios fundamentales" recogidos ya en el Estatuto de Andalucía. En este sentido abogó por conseguir el en Parlamento andaluz el mismo nivel de consenso. Además, destacó que la norma "abre camino en el marco normativo español", aunque responde a una demanda social. De hecho, recordó que, según los datos del Barómetro Sanitario de Andalucía de 2007, el 93,7% de los andaluces apoyaban el derecho a vivir dignamente el proceso de la muerte; mientras que el 78,9% preferían no prolongar su vida en situación irreversible sin disfrutar de la mínima calidad de vida.