De hecho, Rivero estuvo bastante tiempo atendiendo consultas sobre el tema de los representantes de casas del extranjero. Solicitan una ley específica de nacionalidad que resuelva la discriminación que existe actualmente en determinados supuestos que motivan, por ejemplo, que, entre propios hermanos, unos puedan adquirir la nacionalidad española y otros no. Defienden que, tratándose de los derechos fundamentales de las personas, este asunto no debe resolverse con una norma de rango inferior de ley.
Las casas consideran justa, lógica y razonable la petición de nacionalidad para todos los castellanos y leoneses hijos y nietos de españoles. Un derecho que, a su juicio, debe reconocerse en una ley que desarrolle la previsión ya contenida en el Estatuto de Autonomía. La Junta hizo suya esta petición y abandera una reivindicación que ha sido llevada a las Cortes de Castilla y León, con una proposición no de Ley registrada por el Grupo parlamentario popular.