La Junta aprueba un amplio paquete de medidas económicas, fiscales y administrativas

Para ello el Ejecutivo regional dio luz verde a cuatro normas y textos legislativos de gran calado: el Decreto de Prórroga de los Presupuestos de 2011 y el Proyecto de Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria; el Plan de Racionalización del Gasto Corriente, que incluye dos iniciativas que es preceptivo abordar en las mesas de negociación de la Función Pública y el Anteproyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, al que se incorporarán las disposiciones mencionadas y que sólo está a falta de los informes del Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo Consultivo.
El primero de los textos reguladores aprobados es el Decreto de Prórroga de las cuentas que están en vigor. Entre los aspectos significativos figura que en enero la Junta declarará indisponibles tantos recursos como sean necesarios para respetar el objetivo de estabilidad para 2012. Conviene recordar que la Junta decidió no presentar en plazo el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2012 ante la falta de datos ciertos para su elaboración. Entre esas incertidumbres están las últimas previsiones económicas del Gobierno saliente, que contemplan que el PIB crezca el 2,3% en 2012; la escasa fiabilidad de las entregas a cuenta derivadas de ese cálculo, que traen a la memoria los errores cometidos en 2008 y 2009; la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2012, y la negativa a convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera aclaratorio.
Techo de Gasto
El Consejo de Gobierno aprobó, en segundo lugar, el Proyecto de Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, conocida como Ley de Techo de Gasto. El presidente Herrera cumple así con uno de los compromisos que asumió el 23 de junio, durante el debate previo a su investidura, y reafirma la apuesta de la Junta por la estabilidad presupuestaria a la que le obligan la UE y la propia Constitución Española.
En la práctica, supone que el Gobierno autonómico se impone un techo máximo de gasto no financiero anual, que se calculará teniendo en cuenta la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y la tasa de inflación de Castilla y León. Es decir, se limita la actividad pública a lo que razonablemente permita el ciclo económico, de modo que en periodos de declive no se pueda incurrir en un endeudamiento ilimitado. Paralelamente, si en épocas de bonanza se genera superávit éste irá a parar a un Fondo de Reserva dirigido a amortizar deuda, con el fin de reducir progresivamente su cuantía. La futura ley será de aplicación a todos los entes del sector público, que deberán presentar y liquidar sus cuentas en equilibrio o superávit. Si excepcionalmente incurren en déficit, estarán obligados a elaborar un Plan Económico Financiero de Reequilibrio donde se detallen las medidas correctoras que prevén aplicar.