Entre las medidas de apoyo a las personas con menos recursos económicos y con necesidades especiales, el decreto garantiza que al menos una cuarta parte de la reserva obligatoria de vivienda protegida esté destinada a familias cuyos ingresos no superen en 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples, IPREM (alrededor de 18.000 euros anuales). Las familias numerosas y las que tengan algún miembro en situación de dependencia podrán optar a las viviendas protegidas de régimen general, destinadas a personas que no superen los 25.000 euros de ingresos anuales (3,5 veces el IPREM), aunque perciban hasta 32.000 euros, puesto que el límite se ha ampliado atendiendo a sus circunstancias especiales. Se crea, además, un nuevo grupo para el que se podrán reservar cupos en las promociones de vivienda protegida y que estará integrado por las víctimas de desastres naturales. Otra novedad consiste en que un ciudadano podrá optar a ayudas a la vivienda, aunque ya haya recibido subvenciones en los últimos diez años, si su familia se ha convertido en numerosa en ese margen de tiempo, si ha tenido que cambiar de término municipal su domicilio o si ha sufrido una discapacidad sobrevenida.
En cuanto favorecer el arrendamiento, el decreto permitirá modificar el régimen de viviendas protegidas en venta por el de alquiler o alquiler con opción a compra, siempre que no se haya seleccionado aún a los adjudicatarios. También se flexibilizan las condiciones para la conversión de viviendas libres en protegidas, aumentando de 70 a 90 metros cuadrados el tope máximo exigido de superficie por hogar (hasta 120 metros si se destinan a familias numerosas). Otra medida destacada en este ámbito es la rebaja en un 50% de las comisiones que tanto inquilinos como propietarios pagan por su intermediación a las Agencias de Fomento de Alquiler. Estas comisiones pasan del 7% al 3,5% de la renta anual.
Para los propietarios de viviendas libres que se encuentren desocupadas, se fijan dos nuevas líneas de ayuda con el objetivo común de promover su arrendamiento. Por un lado, se subvencionará hasta un 40% del coste de las obras de rehabilitación en las casas que se vayan a destinar al alquiler durante un periodo mínimo de cinco años y, por otro, se crea un programa específico de incentivos para proyectos de mejora de la eficiencia energética. A este mismo fin de sostenibilidad se dirigirá también el nuevo programa ‘Edificante', que ofrecerá al propietario un respaldo de hasta el 65% del presupuesto de la obra, entre ayudas autonómicas y estatales, para intervenciones de rehabilitación tanto en viviendas libres como en protegidas, aunque no se dediquen a alquiler.
La norma de adaptación aprobada por el Gobierno andaluz recoge también disposiciones para acelerar la constitución de los denominados Registros Públicos de Demandantes de Vivienda Protegida, a través de la concesión de ayudas a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes obligados a tenerlos en funcionamiento antes del próximo 26 de diciembre.