El Decreto Ley aprobado avanza en la profesionalización de las entidades, elimina la presencia de cargos públicos y políticos electos en los consejos de administración de las cajas y endurece la consideración de conflicto de interés que pudiera surgir entre empresarios y la propia administración de la entidad. «Es un régimen serio», definió Villanueva.
Así, los empresarios con créditos en una caja de ahorro con sede en Castilla y León no podrán presidir la entidad, aunque podrán permanecer en los Consejos de Administración como miembros no retribuidos de los mismos, según se recoge en el Decreto Ley aprobado por la Junta que adapta a la Comunidad a la normativa estatal sobre entidades de ahorro. En la práctica, esta disposición afecta al presidente de Caja España, Santos Llamas, que podrá permanecer en el Consejo de Administración de la entidad durante dos años más, pero no podrá optar a la presidencia al serle aplicado el nuevo régimen de incompatibilidades que incorpora el decreto. Del mismo modo, José María Arribas, presidente de Caja de Burgos, deberá dejar el primer puesto de responsabilidad en marzo, cuando se constituya la nueva asamblea de la entidad, al igual que el presidente de Caja de Ávila, Agustín González, al quedar vetados en los órganos de gobierno los cargos públicos en ejercicio.