La jueza del caso Unións Agrarias ha dado carpetazo a la denuncia por malversación de fondos públicos y fraude presentada por el Partido Popular contra dicho sindicato afín al PSOE hace cinco años al no advertir delito alguno, según el auto de sobreseimiento emitido por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago.
Sin embargo, la jueza sí que acepta como cierto que Isabel Blanco actuó como agente electoral del PSOE en Buenos Aires al mismo tiempo que estaba contratada a través de una subvención a Unións Agrarias y actuaba bajo las órdenes del alcalde de Muxía, el socialista Félix Porto.
Según la magistrada, en su contratación se produjeron “diversos incumplimientos de índole laboral”, como que trabajase en Vimianzo (A Coruña) cuando fue contratada por una asociación de Ourense, aunque descarta la “malversación de capitales públicos” dado que “en apariencia” Blanco cumplía con los requisitos para beneficiarse de los viajes gratuitos gestionados por la Administración autonómica para emigrantes en situaciones excepcionales.