La jueza del caso Unións Agrarias ha archivado la denuncia por malversación de fondos públicos, fraude en subvenciones y financiación ilegal presentada hace cinco años por el Partido Popular contra dicho sindicato afín al PSOE al no advertir delito alguno, según el auto de sobreseimiento emitido por la titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago.
Aunque en dicho auto la jueza sí que acepta como cierto que Isabel Blanco actuó como agente electoral del PSOE en Buenos Aires al mismo tiempo que estaba contratada a través de una subvención y actuaba bajo las órdenes del alcalde de Muxía, el socialista Félix Porto.
Según la magistrada, en su contratación se produjeron “diversos incumplimientos de índole laboral”, como que trabajase en Vimianzo (A Coruña) cuando fue contratada por una asociación de Ourense, aunque descarta la “malversación de capitales públicos” dado que “en apariencia” Blanco cumplía con los requisitos para beneficiarse de los viajes gratuitos gestionados por la Xunta para emigrantes en situaciones excepcionales.
El secretario general del PPdeG y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que su partido recurrirá el auto en base a pronunciamientos anteriores del juzgado de Corcubión, la Fiscalía y la Audiencia Provincial que sí apreciaban indicios delictivos.
El actual secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, exigió la dimisión de Rueda porque “se constata que actuó con un claro sentido de persecución política, ideológica y con arbitrariedad”.