La Generalitat recurrirá a la vía judicial para reclamar los 633 millones de la financiación autonómica

Ante la negativa del Gobierno central a pagar el anticipo del Fondo de Competitividad que corresponde a la Comunidad

Gerardo Camps se reunió con el equipo de la Conselleria, Abogacía y la Intervención de la Generalitat.

El vicepresident segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, señaló que “si el modelo de financiación ya era malo, la negativa de Zapatero a pagar el Fondo de Competitividad lo convierte aún en peor”.  Así, indicó que “con su actitud el Gobierno Central pone en peligro los principios del modelo de financiación: solidaridad territorial e igualdad entre personas”.
Gerardo Camps realizó estas declaraciones tras reunirse con el equipo económico de la conselleria, la Abogacía y la Intervención de la Generalitat para analizar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del en el que  de abril el Estado dejó clara su negativa a hacer frente a los anticipos del Fondo de Competitividad.
Así, explicó que los valencianos y valencianas, atendiendo a los acuerdos alcanzados en el seno del CPFF y según las Leyes vigentes, deberían recibir 633 millones de euros del Fondo de Competitividad en el presente ejercicio 2011”.  “Ante la actitud irresponsable del Gobierno Central que se niega a transferir estos fondos, a las comunidades autónomas sólo nos queda una única salida, ir a la vía jurisdiccional”.
A su juicio, el objetivo del Gobierno es “centrifugar déficit a las comunidades autónomas” para que estas “aparezcan como despilfarradoras y derrochadoras, cuando el único que ha despilfarrado y ha derrochado ha sido la administración central”. “De esa manera, su déficit es menor y el de las comunidades, mayor”, ha apuntado.
Gerardo Camps resaltó que los argumentos esgrimidos por la ministra de Economía, Elena Salgado, para no conceder el anticipo “no son de recibo, ni de peso, ni justifican esta decisión”. Y señaló que el argumento de que “así lo dispone la norma” no es tal porque “esa misma ley que ha traído consigo que se reciban esos anticipos en 2009 y 2010 no ampara que no se reciban en 2011”. “El Gobierno interpreta la norma, una interpretación que también puede hacer cualquier comunidad autónoma, y la interpretación del Gobierno no está por encima de la que podamos hacer los Gobiernos autonómicos”, ha considerado el titular de Economía.
En este punto, ha señalado que el propio poder legislativo aprobaba este miércoles en el Senado una moción a favor del anticipo y que “queda pendiente un debate en el Congreso”, por lo que parece que “por ahora, le está dando más la razón a los que defendemos que se debería realizar que al Gobierno de España”.
En cualquier caso, indicó que la Generalitat mantiene esos ingresos presupuestados para 2011 y que, si finalmente los tribunales le dan la razón al Gobierno central, lo que se produciría sería una desviación al alza del déficit, previsto inicialmente en el 1,3 por ciento. “Estos ingresos contablemente los tendré, pero si no se hace la transferencia, en la ejecución habrá gastos que no se podrán atender” y aumentará el déficit, concluyó.