Una de las novedades es la reducción de la tramitación autonómica en los planes de ordenación municipal. De hecho, el texto prevé rebajar de tres a dos meses los plazos de las intervenciones de la Xunta en los procedimientos de aprobación, a excepción de la aprobación definitiva de los PGOM, que se mantendrá en tres meses. La futura ley establecerá que serán los propios planes de los municipios los que establezcan el régimen urbanístico de los núcleos rurales.
La Xunta permitirá, con los cambios que se introducen, agilizar trámites delegando mayores competencias en los municipios. Los ayuntamientos podrán dar luz verde -sin necesidad de autorización autonómica previa- a todas aquellas obras directamente “vinculadas” con una explotación de recursos naturales, como naves o establos. Asimismo, la modificación supondrá una “mayor agilidad” en la otorgación de licencias en suelo rústico para obras mayores ya que se reducirá un 60 por ciento el tiempo máximo de concesión de licencia. Para obras menores el tiempo máximo de concesión de licencia se reducirá en un 80 por ciento.
Desde la Xunta se destaca que el texto aprobado cuenta con amplio consenso y responde a uno de los compromisos alcanzados con la Fegamp.