Además, se creará un Fondo Social da Vivenda, que financiará ayudas para actualizar alquileres de renta antigua. Habrá un Registro de Axentes Promotores de Galicia, donde los futuros compradores podrán comprobar la solvencia de los empresarios.
En la presentación del proyecto de ley, la conselleira de Vivenda e Solo, Teresa Táboas, destacó el “carácter social” con el que se quiere alcanzar la efectividad del derecho constitucional a una vivienda. El alquiler y la rehabilitación pasan a tener un papel de primer orden dentro de la futura normativa, que también establece el deber del propietario de conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad. De no ser así, y si el Concello tampoco actuase, la ley permitirá a la Consellería a actuar por sustitución a través de la expropiación para rehabilitar los edificios vacíos y en ruinas, que destinará para alquiler subvencionado.
La Consellería explica que, antes de esta posibilidad, el propietario tiene muchas alternativas, en forma de ayudas a fondo perdido, e incluso que la rehabilitación corra a cargo de la Administración a cambio de disponer del inmueble el tiempo suficiente para recuperar el setenta por ciento de la inversión pública. “Lo que no podemos es continuar permitiendo que se derrumben edificios en las zonas viejas del país”, dijo Táboas. Esta medida “trata de impedir la degradación de las calles o barrios en los que existen edificios abandonados”, señaló. Para luchar contra posibles casos de acoso inmobiliario, la futura ley recoge la posibilidad de poner en marcha líneas de subvención para la actualización de las rentas antiguas, con la garantía a los inquilinos del derecho de retorno a las viviendas rehabilitadas. Así, se creará el Fondo Social da Vivenda, cuyos presupuestos cubrirán esta línea de actuación, que tendrá en cuenta los ingresos del inquilino.
Por otra parte, el fomento del alquiler pasa a tener rango de ley, con el objetivo de potenciar esta modalidad de acceso a la vivienda, por un lado y, por otro, para movilizar el parque de viviendas vacías. También en este caso, los propietarios con inmuebles vacíos y deteriorados que no puedar abordar la conservación pueden optar por cederlo a la Consellería durante el tiempo necesario para recuperar el setenta por ciento de la inversión y, después, recibir el inmueble rehabilitado.
Mayor transparencia
Otro de los aspectos del nuevo texto legislativo está en las medidas para dar mayor transparencia al mercado inmobiliario y reforzar la lucha contra el fraude en la vivienda protegida y libre. En el primer caso, se recoge la creación del Rexistro de Axentes Promotores de Galicia, “en el que cualquier ciudadano podrá consultar la solvencia económica, financiera y técnica, resoluciones y sanciones de cualquier entidad dedicada a la promoción inmobiliaria”, explicó la conselleira.
Además, en la lucha contra el fraude se incrementan las sanciones a particulares y empresas por faltas graves o muy graves tanto en vivienda libre como en protegida. Este aumento persigue “un efecto disuasorio que la normativa en vigor no conseguía”, subrayó Teresa Táboas, debido a su baja cuantía inicial. El texto incluye una Lei de Administración Local, que expresa que los cargos representantivos de ésta no pueden valerse de sus puestos de alcalde o concejal en beneficio propio o de terceras personas.
El Gobierno gallego calcula que la ley estará aprobada por el Parlamento gallego en el segundo semestre del año 2008.