En total, la Fiscalía Anticorrupción ordenó bloquear más de 1.500 millones de euros. Las entidades aseguran que la investigación es sobre clientes y no afecta a su actividad, aunque en el caso del Espirito Santo la investigación pretende determinar también si el banco pudo facilitar estructuras fiduciarias a dichos clientes. Los registros dentro de la investigación por posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública se ampliaron a dos despachos de empleados del BNP-Paribas en Madrid de acuerdo con las diligencias iniciadas por el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Baltasar Garzón.
En Madrid, además, los registros se ampliaron a Cartera Meridional, una sociedad de valores, y en Barcelona a la sede de Cahispa, entidad aseguradora, y en dos domicilios, el del presidente y el de un empleado de esta última entidad. Como resultado de la intervención, la Fiscalía Anticorrupción ordenó bloquear cuentas que podrían superar los 1.500 millones de euros, superando así las previsiones iniciales de 700 millones de euros, informaron fuentes próximas a la investigación.
BNP Paribas y Banco Espirito Santo (BES) aclararon por separado que el registro de sus sedes en España afecta exclusivamente a algunos de sus clientes y no a la actividad de estas entidades.