Carlos Puyol afirmó que la exclusión de las entidades de retornados “vulnera el espíritu del Estado de la Ciudadanía Española en el Exterior”.
El secretario de la Federación Española de Asociaciones de Retornados, Carlos López Puyol, ha solicitado el amparo del Defensor del Pueblo, cargo que ostenta Enrique Múgica, para que se modifique el Real Decreto que regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y se dé entrada de pleno derecho a las asociaciones de retornados en este órgano.
En la carta remitida al Defensor del Pueblo, López Puyol indica que solicita su amparo “ante la situación de discriminación de la que son víctimas los retornados españoles y que está contenida en el Real Decreto 230/2008 de 15 de febrero por el que se regula el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, y que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado de 16 de febrero de 2008”.
Indica que “nuestra Federación y las 16 asociaciones de Emigrantes Españoles retornados, constatamos con la máxima consternación que el gobierno, desoyendo las legítimas aspiraciones reiteradamente elevadas desde hace años, por el conjunto del tejido asociativo de los emigrantes y retornados, y más particularmente del agrupado en el seno de la Coordinadora Europea de Asociaciones de Emigrantes Españoles (CEAEE), ha obviado incluir como miembros de pleno derecho de dicho Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior a los representantes de los emigrantes retornados”.
Para López Puyol, “este gesto, supone una afrenta y una discriminación hacia el colectivo de retornados, cuya problemática específica está estrechamente ligada con la que sufren los españoles que aún viven en situación de emigración, razón por la cual, a nuestro entender, esta problemática debe ser atendida en el marco del mismo cauce de participación ciudadana, ello es, en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior”.
Asimismo, indica que “nuestra Federación, considera, además, que con este gesto el Gobierno vulnera el espíritu de del Artículo 42 de la propia Constitución Española, así como la Ley del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior, que reconoce de manera explícita y amplia el derecho de las Asociaciones de Retornados a una participación activa y plena, en el diseño de las políticas públicas encaminadas a facilitar el retorno y, posteriormente a éste la reinserción social de los retornados”.
Finaliza la misiva solicitando el amparo del Defensor del Pueblo y pidiéndole que “intervenga en cuanto sea necesario y ante las instancias en las que haya lugar, para que se reponga y garantice el derecho de las Asociaciones y la Federación de retornados a formar parte, como miembros de pleno derecho del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, previsto en el Real Decreto citado en referencia”.
Por su parte, el presidente de la Coordinadora Europea de Asociaciones de Emigrantes Españoles, Antonio Aliaga, envió una carta al presidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero reclamando la inclusión de la Federación de retornados como miembros de pleno derecho de este cauce de participación ciudadana.
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Propuestas que plantean al futuro gobierno
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El secretario general dela FEAER, Carlos López Puyol, y otros directivos de esta Federación se reunieron con representantes del PP y del Izquierda Unida a quienes les plantearon sus reivindicaciones. Además, de la presencia en el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados piden al futuro gobierno que la Oficina Española del Retorno establezca un convenio plurianual con la Federación y sus asociaciones con el objeto de coordinar sus actuaciones.
También reclaman un convenio similar con las oficinas autonómicas de retorno.
Además, consideran que la Dirección General de Emigración del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales debería firmar un convenio con la Federación Española y sus Asociaciones de Retornados, que permita cubrir sus gastos de funcionamiento así como sus actividades de interés general.
También reclaman el incremento de la asignación al Programa de Subvención de Acciones a favor de los Emigrantes Retornados con cargo al IRPF y que, señalan, en los dos últimos años ha sufrido un importante recorte.
Otra de las propuestas es el desarrollo conjunto con la Dirección General de Emigración de los futuros programas de subvención al retorno y sus proyectos relacionados.
Por otro lado, la Federación propone que se considere prioritario en la Ley de Acogida a todos los emigrantes retornados, sin importar su condición ni edad, y haciéndola extensible también a las leyes de acogida de cada una de las Comunidades Autónomas.
En cuanto a la nacionalidad, afirman que se adoptar un Código de la Nacionalidad que posibilite la doble nacionalidad simultánea.
En cuanto a los derechos sociales, proponen que se facilite la repatriación a todos aquellos españoles en el exterior con escasos recursos aún cuando no tengan familiares en España, ni vivienda, ni recursos para subsistir.
Sobre las pensiones, proponen que la integración de los periodos cotizados en los países de emigración en el computo de los 1.800 días que dan derechos a la pensión SOVI. Para quienes tengan reconocidos menos de esos 1.800 días antes del 1 de enero de 1967, que se les atribuya una pensión calculada por prorrateo sobre esa misma base. Además del cómputo del período de servicio militar a estos efectos y a los de la pensión general.
Asimismo, que se reconozca de los períodos trabajados en España que aún no han sido plenamente reconocidos por el INSS, así como los años de bonificación, con efecto retroactivo, desde el hecho causante. Igualdad de trato con los demás españoles en el cálculo de las bases reguladoras.
Por último, que se mejoren las pensiones no contributivas hasta equipararlas con el salario mínimo interprofesional y sin exigir períodos de diez años de residencia para su atribución.
Por otro lado, reclaman que se recupere el subsidio de desempleo para los retornados así como el programa de inserción social de la DGE que permitía a los retornados establecerse como autónomos.
En materia de vivienda, reclaman que se establezca un Programa Nacional de Vivienda para Emigrantes y Retornados que cuente con la participación de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados y sus asociaciones, con el objeto de
Otra propuesta de la Federación es la de establecer con los Servicios de Empleo Público de las diferentes Administraciones un convenio prioritario con la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados y sus asociaciones que permita coordinar una bolsa de trabajo y que facilite las ofertas y demandas de empleo al retornar a España.
La FEAER considera prioritario al colectivo de las mujeres, discapacitados y retornados mayores en los programas de empleo y reinserción laboral en todas las Comunidades Autónomas.
En cuanto a los jóvenes la FEAER considera que debe integrarse en el Consejo de la Juventud y en los programas del Injuve mediante la celebración de un convenio de cooperación mutua y el desarrollo de nuevos programas conjuntos. De la misma manera se debería hacer con las mujeres y los mayores.