La directiva de la Confederación Europea reclama la supresión del voto rogado y más ayudas a las asociaciones de emigrantes

Se reunió en Madrid con Miras Portugal, Alfredo Prada y Carmela Silva y pidieron el relevo de la responsable de la actual regulación de las ALCE

Los directivos de la Confederación Vicente Riesgo, José María Oliver, Alfredo Sánchez y Antonio Beltrán en Madrid.

La Comisión Ejecutiva de la Confederación Europea de Asociaciones Españolas de Padres de Familia se entrevistó con el director general de Migraciones, Aurelio Miras Portugal, el pasado 13 de mayo en Madrid para exponerle sus puntos de vista y sus propuestas en relación con la situación actual de la emigración española en Europa y la política de emigración del gobierno español.

Con el mismo objetivo, la delegación de la Confederación Europea se reunió también en la tarde del mismo día con la diputada y secretaria de Emigración del PSOE, Carmela Silva, y en la mañana del día 14 de mayo con el también diputado y secretario ejecutivo del PP en el Exterior, Alfredo Prada.

Los tres interlocutores recibieron el documento ‘Una organización de servicio. Función, tareas y recursos. Reflexiones y propuestas al Director General de Migraciones’ que contiene el análisis y las propuestas de la Confederación Europea sobre los siguientes temas: derechos ciudadanos y políticos de los españoles emigrantes, situación de la enseñanza de la lengua y cultura española en las Aulas de Lengua y Cultura Españolas (ALCE), la nueva emigración con su problemática y potencialidades y los programas de ayuda a las asociaciones de españoles emigrantes.

Derecho al voto

En cuanto al derecho al voto, se manifestaron diferencias notables en la posición mantenida por los partidos visitados. Carmela Silva insistió en que tanto ella como su partido habían pedido disculpas públicamente por apoyar la imposición del voto rogado. La representante del PSOE manifestó que su partido se ha comprometido en la Conferencia política recientemente celebrada a eliminar el voto rogado, para lo que espera poder llegar a acuerdos con todos los demás grupos políticos.

Alfredo Prada, por su parte, insistió en que su partido está dispuesto a suprimir el voto rogado para el voto en urna, pero no para el voto por correo. El representante del PP considera que así se daría una “igualdad de condiciones” con los residentes en España, que también deben solicitar el voto si desean votar por correo.

La delegación de la Confederación Europea le manifestó su desacuerdo con este criterio, por entender que no tiene en cuenta la dispersión geográfica de la emigración española en el mundo. La supuesta “igualdad de condiciones” se daría solamente en el caso de que las urnas para votar en la emigración fuesen igualmente accesibles que en España. Prada manifestó que desearía mantener y profundizar este debate sobre el derecho al voto de los emigrantes y que estaría abierto a nuevas propuestas de Confederación Europea al respecto.

Por otra parte, tanto el director general como los dos diputados entrevistados admitieron que la caída de la participación electoral de los emigrantes, derivada de la imposición del voto rogado, ha tenido repercusiones negativas para hacer valer sus derechos en la vida política española, según indicaron desde la Confederación.

Situación de las ALCE

Los puntos de vista y la valoración manifestada por los tres entrevistados sobre la situación que se vive actualmente en las ALCE coinciden en gran medida con los posicionamientos de la Confederación Europea.

El uso adecuado de las nuevas tecnologías debe suponer siempre un refuerzo, nunca un sustitutivo de la enseñanza presencial y este principio vale aún con más fuerza para los alumnos más pequeños. Los representantes de la Confederación Europea señalaron que el programa de las clases de lengua y cultura española en el exterior está amenazado de muerte, si se continúa la línea impuesta autoritariamente y sin diálogo con las partes interesadas por la subdirectora general de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, María Ángeles Muñoz Fernández de Bastida.

Alfredo Prada manifestó estar dispuesto a intervenir políticamente para cambiar la situación, ante lo cual la delegación de la Confederación Europea manifestó que el cambio urgentemente necesario sólo será posible con una persona nueva en la Subdirección General, por lo que solicitó al político del PP que actúe ante el ministro de Educación. La Confederación Europea reclamó también una mayor implicación del director general de Migraciones en este asunto.

Asociaciones

Los representantes de la Confederación Europea reclamaron de la Administración española una acción más decidida y mejor coordinada para ayudar a los nuevos emigrantes españoles a adaptarse con éxito a su nueva situación y a mantener los lazos emotivos, culturales y sociales con España, para lo cual es imprescindible contar con el potencial de las asociaciones de emigrantes.

Éstas ya asumen actualmente funciones de información, asesoramiento y acompañamiento de los nuevos emigrantes y deberían recibir más apoyo de la Administración española para realizar estas tareas.

Por otra parte, la Confederación Europea insistió en que no se debe pensar que el retorno de los jóvenes bien cualificados que abandonan ahora el país se va a producir automáticamente, sin una política activa de acompañamiento que lo favorezca, en cuyo diseño e implementación corresponde a las asociaciones un papel insustituible.

Ayudas

Miras Portugal manifestó su voluntad de seguir ayudando a la Confederación Europea y a sus organizaciones nacionales, en la medida en que se lo permitan los cada vez más estrechos márgenes presupuestarios y la actuación crecientemente rígida de la Intervención del Estado. Además, manifestó su preocupación ante la reforma prevista de la Ley de Subvenciones y el posible empeoramiento de las condiciones de los programas que podría llevar, según sus palabras, “a la práctica desaparición de las ONGs”.

La delegación de la Confederación Europea transmitió también esta preocupación a Carmela Silva y a Alfredo Prada y reclamó de ambos que se opongan a la reforma legal que prepara el Ministerio de Hacienda y que tendría consecuencias catastróficas para todo el tercer sector.