También reclamaron la aprobación «urgente» del Real Decreto que permitiría, por garantía de suministro, restaurar el incentivo al carbón que se retiró hace más de un año, una vez agotado el ya lejano respaldo de Bruselas al carbón.
«Hemos planteado un escrito conjunto que, desde ambos gobiernos, presentaremos a los integrantes del colegio de comisarios que decidirán la aprobación o no del Real Decreto, con el objetivo de expresar con claridad nuestros argumentos, y hemos acordado ejercer una actividad más intensa en Bruselas a través de nuestras propias oficinas allí, con el resto de regiones europeas que puedan sumarse a esta iniciativa, para crear en el Parlamento Europeo una corriente favorable al sector en general», explicó Hernández.
Todos coincidieron en subrayar la «máxima urgencia» que requiere la aprobación del Real Decreto, que deberá ver la luz «de la forma más inmediata posible». «El Real Decreto cuenta con el visto bueno de los servicios jurídicos de Bruselas y de la UE, y por lo tanto es una norma perfectamente ajustada a derecho a la normativa en vigor», explicó Hernández.