La Comunidad no renuncia a negociar el sistema de financiación bilateralmente con el Estado

Touriño mostró su plena convicción de que Galicia obtendrá “la mejor financiación” en el proceso de negociación del nuevo modelo de financiación de las autonomías. Para lograrlo, abogó por que este nuevo sistema se asiente sobre cuatro principios rectores: equidad, mejor ponderación de la dispersión poblacional y del envejecimiento, mayor corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera y suficiencia.
Por su parte, el conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio, se mostró optimista respecto a las previsiones económicas de la Xunta y declaró que la próxima negociación para reformar el modelo de financiación autonómica es una “buena oportunidad” para Galicia para poder obtener “más grado de autonomía financiera, más recursos” y así revisar el actual modelo, que presenta “graves problemas en cuanto a la suficiencia”.
Cerrar un acuerdo
Por otro lado, el presidente de la Xunta apremió a las fuerzas políticas a cerrar un acuerdo para poner en marcha lo antes posible la reforma del Estatuto de Autonomía. Ante los "inconvenientes" para pactar la fórmula procedemental en la que se desarrollen los trabajos, el máximo mandatario gallego consideró que no sería “incompatible” ni “inviable” que la reforma se aborde en el seno de una comisión parlamentaria a la que esté adscrita una ponencia, siempre que exista “voluntad y determinación” en las fuerzas para cerrar una fórmula, por lo que emprazou al PP a “no seguir poniendo disculpas”.
En este sentido, un informe de los servicios jurídicos del Parlamento gallego propone la posibilidad de crear una comisión no permanente especial de estudio o una comisión legislativa de legislatura para abordar la reforma del Estatuto, aunque puntualiza que, en todo caso, la Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior tiene atribuido el “monopolio normativo instructor” en la Cámara.
Este estudio responde a otro escrito remitido por el PPdeG en el que varios expertos en Derecho Constitucional defendían la posibilidad de crear una comisión especial. El informe del Parlamento no rechaza esta posibilidad pero asegura que este órgano sería una comisión no permanente especial de estudio.