La Comunidad garantizará por ley la transparencia en la contratación hipotecaria

Así lo anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien destacó que los consumidores deberán disponer previamente a la firma del contrato de la información necesaria para la correcta comprensión de los elementos esenciales del contrato y especialmente de las implicaciones financieras.
Por este motivo, se exige a las empresas o entidades de crédito que, con carácter previo a la oferta vinculante, faciliten por escrito al consumidor una información “especialmente detallada” en la que se identifique la identidad concedente, el tipo de crédito o préstamo a percibir, el importe total estimativo a satisfacer por dicho crédito, así como las obligaciones que el consumidor contraerá en caso de la formalización del contrato.
En este sentido, deberá incluirse la especificación de si el contratante de estos productos incluye como garantía la vivienda hipotecada y el resto de bienes del comprador, o si la única garantía es la vivienda (dación en pago). El texto exige que esta información sea redactada de manera “transparente, clara, concreta y sencilla, utilizando el tamaño de letra apropiado para facilitar su lectura”. La empresa o entidad que concede el préstamo o crédito con garantía hipotecaria deberá acreditar de forma fehaciente la entrega al consumidor de toda la información con carácter previo a la oferta vinculante.
La información debe especificar si el préstamo incluye como garantía todos sus bienes o únicamente la vivienda hipotecada. Además, será sancionable no acreditar la entrega fehaciente de esta documentación o si la información previa no se ajusta al contrato. La ley contempla sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones específicadas sobre el procedimiento de contratación, así como en caso de discrepancia entre la oferta vinculante y el proyecto de documento contractual. Estas sanciones pueden ser calificadas como leves, graves o muy graves, en cuyo caso podrían alcanzar los 600.000 euros
Tras el visto bueno del Gobierno, se inicia de forma inmediata el trámite de audiencia con asociaciones de consumidores y profesionales del sector.