La Comisión socio-laboral del CGCEE acordó pedir al Gobierno que no se multe a quienes no declararon la pensión recibida del extranjero

También elevará al peno del Consejo una propuesta para que se amplíe la vigencia de la tarjeta sanitaria de quienes se trasladen a países de la UE

Los integrantes de la Comisión de asuntos socio-laborales del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) aprobaron las ponencias que presentarán en el pleno de septiembre próximo, dirigidas a solicitar al Gobierno español que Hacienda no multe a los emigrantes retornados que no declararon sus pensiones recibidas en el extranjero desde 2008 y a que se amplié el plazo de vigencia de la tarjeta sanitaria, actualmente de 90 días, para los ciudadanos españoles que se trasladen a otros países europeos.

Así lo confirmó a España Exterior la presidenta de la Comisión socio-laboral del CGCEE, María Teresa Michelón Martínez, a su vuelta a Buenos Aires luego de haber participado, los días 5 y 6 de mayo en Madrid, del encuentro que reunió a 16 consejeros (todos ellos procedentes de países americanos, dado que el representante de Francia no pudo asistir) y del que también participaron el director general de Migraciones, Aurelio Miras Portugal, y la subdirectora general de Emigración de dicho departamento, Yolanda Gómez Echevarría.

“Ha sido una reunión muy productiva en la que todos los consejeros hemos definido y acordado las ponencias para el próximo pleno sobre dos temas que en este momento son muy importantes, ya que provocan mucha preocupación entre los emigrantes retornados y los españoles que tuvieron que irse a otro país de Europa para buscar trabajo”, aseguró.

En primer lugar, los consejeros debatieron sobre las multas que Hacienda pretende imponer a los emigrantes retornados que no han declarado sus pensiones recibidas en el extranjero desde el año 2008, conviniendo que solicitarán al Gobierno español que no se los sancione y que se les brinde facilidades para que puedan pagar los montos adeudados.

“El Gobierno tiene que tener en cuenta que estas personas no tuvieron mala intención y que nunca quisieron engañar al fisco, por lo que no es justo que se los esté presionando ya que en su gran mayoría suponían que al haber aportado en el país en el que estaban residiendo no era necesario que también lo hicieran en España”, explicó Michelón, quien además señaló que la posición de los consejeros contó con el respaldo de un representante de la Unión General de los Trabajadores (UGT) presente en la reunión.

Respecto al retiro de las tarjetas sanitarias a aquellos ciudadanos que permanezcan fuera de España por más de 90 días, indicó que solicitarán la ampliación de dicho plazo “para que no queden sin protección aquellos que no han podido conseguir un trabajo en otro país de la Unión Europea”. Asimismo, añadió que también exigirán que se asegure y ratifique la cobertura sanitaria de los familiares de dichas personas que permanezcan en España. 

Por otra parte, y a instancias del representante de República Dominicana, pedirán que se vuelva a instaurar, para aquellos españoles en el exterior que lo soliciten, la retención por parte del fisco español de un porcentaje de la pensión destinada a que aquellos emigrantes que retornen temporalmente a España cuenten con cobertura sanitaria para ser atendidos por un médico de cabecera y acceder a la realización de estudios y operaciones de urgencia.

“Era una opción a la que aplicaban algunos emigrantes pero que dejó de estar en vigencia desde hace unos dos años, mediante la cual hacían un aporte de unos ocho euros mensuales mientras que España se hacía cargo de unos 50. Nos parece lógico este reclamo porque nadie va a costearse un pasaje de avión sólo para hacerse tratar de sus dolencias en España”, señaló.

Michelón también comentó que durante la reunión los consejeros charlaron sobre la necesidad de que se deje sin efecto la última reforma a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) “y que sigamos votando como lo hacíamos hasta ese entonces” y que, dado que el Congreso está tratando en la actualidad un proyecto para otorgar la nacionalidad española a los descendientes de sefardíes, todos los nietos de emigrantes puedan acceder a la misma sin ningún tipo de excepción, aunque aclaró que ambos temas deberán ser tratados por la comisión de derechos civiles y participación, que será la responsable de elevar las ponencias sobre estos aspectos en el próximo pleno.