La Comisión Técnica que sigue las invasiones de tierras en Venezuela dará su veredicto de forma “inminente”

El Gobierno español ha propuesto realizar una reunión mensual para tratar casos de nuevas expropiaciones

Imagen de archivo de la reunión del ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, con los afectados.

En las reuniones, que en total han sido ocho, han participado, por el lado venezolano, el viceministro para Europa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Alejandro Fleming; el director del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Juan Loyo, y el embajador, el cónsul general y el adjunto, por la parte española.

En total, se celebraron siete u ocho sesiones, y como primer paso, quienes forman parte de la Comisión Técnica han escuchado a todos los españoles y se han abocado a averiguar qué documentos faltaban para el análisis de los casos. En este sentido, se han detectado tres tipologías: unos en los que se extenderán certificados que reconocen la propiedad, otros en los que se reafirma la expropiación y un tercero en el que aún falta documentación para dar un veredicto.

El análisis de los casos “ha permitido avanzar en la evaluación de los expedientes y que, en cierto número, las autoridades venezolanas hayan decidido que la documentación sobre la propiedad era la correcta, que respetan la legislación venezolana y que, por tanto, le hayan hecho o les vayan hacer un certificado que reconoce esa propiedad”, detalló Javier Elorza a España Exterior.

Por otra parte, explicó el secretario, también ha habido otros expedientes que se ha constatado que son expropiaciones y en los que el Gobierno venezolano debe dar una indemnización. “Hay una lista que el INTI ha elevado al Gobierno venezolano y esperamos que acepte fijar una indemnización a sus propietarios. No conocemos ni las fincas ni el dinero que va a proponer el INTI y no hemos querido participar en esa tramitación interna, porque nosotros no somos los propietarios. Si un propietario no acepta la indemnización, será ya un problema suyo”, puntualizó Elorza. Luego, hay un tercer tipo de situaciones donde la documentación sigue faltando o donde se ha llegado a la conclusión de que las expropiaciones y las ocupaciones son legales porque no respetaban la legislación venezolana.

El Gobierno español, comentó el secretario de Asuntos Consulares, no ha negociado en nombre de los propietarios, sino que lo que hizo fue presionar al Gobierno venezolano para que primero estudiara los expedientes y tomara la decisión.

Punto final
El número de expedientes estudiado asciende a 90. “Ahora esperamos una última reunión en la va a participar Flemming y Loyo, y por la parte española el embajador y su cónsul general, donde se dé el punto final. Esperamos que se nos dé información sobre en qué situación está ese expediente interno en el Gobierno venezolano para saber qué propiedades se van a expropiar y qué cantidades se van a ofrecer”, dijo el secretario, que ha viajado tres veces a Venezuela para tratar estas cuestiones.
“En las tres ocasiones me encerré con la colonia a cara de perro para ver qué íbamos a hacer. Hubo apoyo mayoritario y masivo a lo que estábamos haciendo. Mi gestión tiene que ser una gestión amable, porque son españoles pero también son venezolanos”, agregó. Según Elorza, el INTI se ha dejado la piel por estos casos, “nos han dado un tratamiento realmente privilegiado”.

Por otra parte, a iniciativa del Gobierno español, se ha propuesto mantener una reunión mensual de ahora en adelante, ya que “los venezolanos siguen invadiendo fincas nuevas, y tratar allí futuros casos”.