El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, subrayó que la Ley Electoral General no beneficia “a priori” a ningún partido político en el reparto de escaños, y recordó que una posible reforma de esta norma exige un amplio consenso, como está estudiando en el Congreso.
Así respondió Zapatero, durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara baja, a la diputada de UPyD, Rosa Díez, quien le preguntó por su voluntad de reformar una ley que, a su juicio, vulnera la Constitución y “beneficia injustamente” al PSOE y PP.
Zapatero, que rechazó que el actual sistema electoral vulnere ningún artículo de la Constitución, destacó que su Ejecutivo pidió al Consejo de Estado un informe sobre la posibilidad de reformar el sistema, que se emitió el pasado mes de febrero y que se trasladó a la subcomisión que estudia en el Congreso la posible reforma de la Ley.
Dicha subcomisión, explicó Zapatero, se dio una prórroga -hasta junio de 2010- para continuar sus trabajos y determinar si es necesario reformar la norma.
“El Gobierno mantiene el compromiso de mejorar, si es posible, la representatividad del sistema electoral, pero de la única manera posible y efectiva: impulsando un amplio consenso entre los grupos políticos, que en esta cuestión es absolutamente imprescindible”, reiteró.
Insistió, además, en que el actual sistema, “homologable a los sistemas de las democracias con más tradición” y que tras 30 años “ha permitido una vigorosa democracia”, hace que la distribución de los escaños dependa del voto de los ciudadanos y “no hay a priori alguien que pueda establecerse como beneficiado”.
Rosa Díez subrayó que el sistema de reparto de escaños vulnera la Constitución porque ni los diputados son elegidos en igualdad de condiciones, ni el voto de un ciudadano vale lo mismo que el de otro si viven en distintos territorios o si eligen distintas opciones políticas.