Aunque la inmensa mayoría de los ciudadanos de casi todos los países disfrutan del derecho de voto como residentes en el exterior, son todavía pocos los que también ofrecen a sus súbditos del exterior el derecho a elegir sus propios parlamentarios. Con todo, este movimiento se va extendiendo con rapidez en la última década.
Aún así, los representantes de nuestro colectivo llevamos pidiendo el derecho a elegir a nuestros propios senadores y diputados hace ya veinte años. Ya el insigne Don Manuel Fraga manifestó hace más de diez años que estaba a favor de los senadores de la emigración. Entonces, la propuesta de Don Manuel era innovadora y suponía un paso adelante. Hoy sería totalmente inadecuada por lo que veremos a continuación.
Hasta ahora nuestras peticiones han no han tenido resultado tangible alguno, con muchas buenas palabras pero pocos hechos. Lo peor es que hay muy poco consenso sobre lo que se pide, lo que se ofrece, y lo que en definitiva cuenta. El consenso falla a nivel de partidos, grupos políticos y Gobierno. Muy al contrario, esta reivindicación no ha fallado nunca entre los representantes del colectivo de españoles en el exterior, por lo menos en los quince últimos años que conozco mejor. Entre nosotros ha habido una unidad de criterio inequívoca.
Más concretamente, hay muchos—partidos, grupos parlamentarios, Gobierno—que hasta el día de hoy parece que pretenden hacerlo confuso. Por una parte afirman la conveniencia/necesidad de conseguir una representación parlamentaria. Por otra, ofrecen, con una aparente magnanimidad, que sí, están dispuestos a apoyar la creación de senadores elegidos por el colectivo exterior.
Claramente aquí hay una obvia disonancia y dos hechos muy claros: Primero quienes esto ofrecen son gente sumamente inteligente, con amplia experiencia en derechos y legislación, que conocen muy bien el paño. Por ello, saben (deben saber) que no es eso lo que el colectivo de españoles en el exterior pide y merece. Segundo, para ellos, debo afirmar que los destinatarios de estas falsas y confusas soluciones no somos ni tontos ni inexpertos. Entre nosotros tenemos también a quienes conocen y defienden nuestros derechos con la fuerza que corresponde a nuestro colectivo.
Por todo esto, ya va siendo hora de que los unos no divaguen y los otros sean tratados con el respeto y deferencia que siempre se han merecido.
Simplemente: No hay ninguna representación en el sistema parlamentario español que valga la pena o que ofrezca seria participación en el sistema legislativo de nuestro Estado si no lo es en las dos cámaras.
Las razones para nuestra reclamación son numerosas.
La Cuarta Provincia Española. En la sociedad móvil en que vivimos, el colectivo español de electores en el exterior ha crecido dramáticamente en número y en participación en la vida española. Si allá por 1990 el censo electoral de españoles ausentes rondaba en los 100.000, hoy ha crecido hasta pasar el 1,500.000 y va en rápido aumento. Esto nos sitúa con un número de electores tan sólo superado por Madrid, Barcelona y Valencia.
Antes del desplome de participación electoral causado por la nefasta Nueva Ley Electoral de 2011, que la hizo casi imposible, el voto exterior se cifraba por término medio en el 35%, porcentaje que era muy respetable aunque mejorable. En algunas elecciones autonómicas llegaba casi al 40%. Nadie puede negar que este nivel de compromiso electoral es muy encomiable para una población tan dispersa como la nuestra.
Y es que nuestro colectivo es cada día más consciente y responsable. Se siente cercano a la realidad social, cultural y política española donde quiera que esté. No en vano son tres los periódicos que dedican buena parte de su esfuerzo editorial a la vida, actividades y aspiraciones de los españoles en el exterior en ediciones impresas y electrónicas (España Exterior, Galicia en el Mundo, La Región Internacional). Son las mejores plataformas que tenemos para la defensa de nuestros derechos. Precisamente por eso, son también los mejores aliados de nuestra causa, pues de otra manera no tendríamos la voz y el eco que ellos nos ofrecen.
Amén de los números, ¿por qué pedimos plena representación parlamentaria?
Primero por razones de igualdad de derechos. Si bien hace treinta años hubiera sido muy difícil un sistema tal, hoy día no es cuestión de que sea factible o no. Es que ya ha sido puesto en vigor por un manojo importante de países (11 en una estadística de 2007). Más aún, entre esos países, los hay tanto a la avanzada del supe desarrollo (Francia, Italia) como en vías de desarrollo y con tenues sistemas democráticos (Angola, Mozambique, Panamá). Por ello, la aplicación de un derecho como éste, nada novedosa y seriamente probada, se hace imperiosa.
Según la Constitución Española, todos los ciudadanos somos iguales ante ley—uno de los principios fundamentales de la democracia. Pero los españoles en el exterior no pueden disfrutar de la plena defensa de sus derechos mientras no tengan a quienes los defiendan dentro del organismo legislativo primario. Sí es cierto que ahora contribuimos a elegir a diputados y senadores. Pero éstos no tienen como objetivo primario la defensa de nuestros derechos, ni tienen motivación especial para hacerlo, y apenas nos conocen. Tampoco nosotros tenemos ninguna relación particular con dichos legisladores. No hay en este proceso un disfrute igual de derechos entre españoles dentro y fuera de España.
Lamentablemente el caso reciente de la Nueva Ley Electoral de 2001es el más elocuente, a la vez que aberrante, que podíamos invocar para justificar esta necesidad. La Comisión Constitucional del Congreso que elaboró dicha ley, de consecuencias tan transcendentes para nuestro colectivo, tenía una obligación por ley de informar y escuchar en audiencia especial a los representantes del colectivo de españoles en el exterior. Sin embargo su desprecio olímpico de dicha obligación llegó a tal punto que se negó rotundamente primero a informar de la ley que estaban elaborando y sobre todo a recibir a la Comisión Permanente del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, incluso bajo una petición formal escrita como acuerdo del Pleno.
Por ello se llegó a elaborar una ley en el Parlamento Español de espaldas a los legislados, y totalmente contraria a nuestros intereses, y opuesta a las numerosas peticiones y acuerdos de este colectivo. Una ley cuyos efectos desastrosos tendrá pocos casos comparables en la historia de la legislación española. Una ley, que exige se revoque, y se modifique desde el primer momento que se hizo pública. Muchos lo pedimos ya en numerosos escritos y manifestaciones desde aquel momento.
La Ley Electoral que debe salir de este desafuero debe responder a la situación, necesidades y derechos constitucionales de los españoles en el exterior. Y el primer derecho en juego aquí es el de ser oídos formalmente por el Parlamento. No se puede elaborar una ley de tal transcendencia sin hacer las consultas debidas, con los legislados, en este caso nuestro colectivo. Naturalmente, hasta ahora no ha habido en el Parlamento Español quien defendiera nuestros derechos o levantara la voz en protesta.
Y la Nueva Novísima Ley Electoral que se elabore, debe incluir plena representación parlamentaria.
Hay un segundo motivo para justificar la representación parlamentaria al colectivo exterior. Tenemos el ejemplo de los países de nuestro entorno europeo que la tienen establecida ya en algunos casos hace décadas. Precisamente los países que nos rodean—Francia, Italia y Portugal—ofrecen a sus ciudadanos en el exterior el derecho a elegir sus propios senadores y diputados. Francia, que ofrecía este derecho para elegir senadores hacía ya décadas, acaba de extenderlo también al Congreso de los Diputados. Italia, desde el inicio de esta reforma legislativa, ofrece representación en el Senado y el Congreso de los Diputados. Y Portugal ofrece a los portugueses en el exterior cuatro escaños en el Congreso.
Por eso, no nos engañemos ni nos engañen: La representación que cuenta es en el Congreso de los Diputados. Según indicamos arriba, estamos oyendo declaraciones de un partido y otro afirmando que, en efecto, dichos grupos están a favor de la representación parlamentaria para los españoles en el exterior. Pero a renglón seguido indican que esa representación debe ser en el Senado. La respuesta de nuestro colectivo a esta idea debe ser un rotundo no. El Senado Español (muy al contrario de lo que es el Senado de los EEUU por ejemplo) es una cámara que cuenta poco en la elaboración de leyes. La última palabra la tiene siempre y de manera absoluta el Congreso de los Diputados. La defensa de nuestros derechos sólo será consecuente con una representación directa en el Congreso. La del Senado se da por añadidura.
Reforma constitucional. Y la Constitución Española ¿qué? Nadie ignora, que nuestra Constitución no contempla esta estructura por ahora. Todos sabemos igualmente lo reacios que son los legisladores a modificarla. Sin embargo las enmiendas y modificaciones de la Constitución están perfectamente reguladas y contempladas en la misma. Se ha hecho ya un buen número de ellas y la más reciente se llevó a cabo con una celeridad apenas imaginable hasta ahora. Claramente, una reforma como ésta no es ni imposible ni tan difícil como para no emprender esta tarea tan decisiva. Un derecho tan importante debería quedar justificado perfectamente ante los ojos de cualquier ciudadano de buena fe. No en vano es reclamación de un colectivo español que supone la cuarta provincia española.
Los países que ya ofrecieron a sus colectivos exteriores este derecho han marcado la pauta. Ofrecen buenos ejemplos del camino a seguir y escollos a evitar. Todos ellos crearon Distritos Electorales en el Exterior, algo que indudablemente sería necesario para España.
Se impone una nota final sobre este tema. Aunque ésta es ya una vieja reivindicación del colectivo de españoles en el exterior, La Ley Electoral mencionada desechó por completo cualquier consideración seria de este derecho. Irónicamente, a la hora de los procesos electorales, los partidos y el Gobierno de turno se apresuran a deshacerse en promesas. En cuanto se acercan las elecciones autonómicas y generales, nos aseguran que en efecto se comprometen a crear un distrito exterior y ofrecer plena representación parlamentaria a nuestro colectivo. Algo que hasta ahora han tenido poca intención de cumplir. Pero los tiempos cambian.
En definitiva la responsabilidad es también nuestra. Un colectivo de un millón y medio de electores, debía tener una voz más imperiosa, más reivindicativa y más unida. A nosotros corresponde desarrollar con más fuerza y desde todos los ángulos del planeta donde vivimos un sistema de reclamaciones que llegue a los oídos de los partidos, gobernantes, legisladores, medios de comunicación y a la conciencia misma de los españoles en territorio nacional.
¿Cuándo seremos capaces de lanzar una campaña para reunir un millón de firmas en defensa de nuestros derechos electorales y de la representación parlamentaria? Es una idea que el que escribe propuso ya en 1998. Ojalá muchos, con espíritu de iniciativa, entusiasmo y coraje, sean capaces de escuchar este reto y llevarlo a cabo. Con firmas o sin ellas, debemos luchar por la meta que proponemos.