La diputada socialista Carmela Silva ha presentado en el Congreso una serie de preguntas, calificadas el pasado martes 25 de junio, con la intención de poner de manifiesto y aclarar las “intenciones nocivas que el ejecutivo de Mariano Rajoy tiene respecto a los derechos de nuestros ciudadanos en el exterior”, según indican desde el PSOE en un comunicado.
En primer lugar, las diputadas socialistas Carmela Silva y Laura Seara han preguntado al Gobierno cuantos casos podría haber de emigrantes retornados de la provincia de Pontevedra a los que la Agencia Tributaria les ha reclamado que declaren las pensiones percibidas del extranjero desde 2008.
Esta es la primera medida que el PSOE toma en este sentido, aunque se están preparando otras iniciativas para que el Gobierno retire unos requerimientos considerados calificados como “antisociales” por el Partido Socialista.
Defensa de la educación para la ciudadanía exterior
Por otra parte, Carmela Silva también ha presentado una pregunta escrita al Gobierno instándole a retirar las instrucciones que modifican la organización de las ALCE ya que las consideran “tan restrictivas e injustas que no han sido siquiera consultadas con los agentes implicados (profesores, padres de alumnos, CRE, CGCEE, sindicatos, etc.)”.
En esta misma línea, Silva ha recogido las solicitudes de la Comisión Delegada de Educación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, solicitando la creación y mantenimiento actualizado de una web que sirva como herramienta informativa real de las oportunidades educativas que ofrezca nuestro país y aquellos donde residan nuestros ciudadanos, además de elaborar guías más específicas de estos países que deberían estar disponibles en las administraciones españolas radicadas en ellos. Igualmente, se ha instado al Gobierno a que de manera activa promueva la firma de convenios que faciliten la formación y homologación de títulos para los ciudadanos residentes en el exterior.
Se registró, además, una nueva pregunta en relación a la reconversión del edificio de la antigua guardería española en Lausana en la Casa de España de la región Suiza.
El CRE de Ginebra hizo llegar a la Administración española un informe arquitectónico elaborado en torno a esta reconversión -al que el Gobierno ni siquiera ha dado contestación alguna- que planteaba la posibilidad de realizar unos cambios estructurales en el edificio de 6 plantas, que podría albergar desde locales para las asociaciones de españoles de la región, hasta biblioteca y salas de estudio, así como las oficinas y dependencias necesarias para trasladar la estructura de la administración española en la ciudad a este edificio propiedad del Estado español; garantizando la viabilidad económica del proyecto a través de la creación de viviendas en régimen de alquiler ubicadas en la antigua parcela de la guardería.