El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se comprometió el 7 de febrero a que su gobierno estará “muy vigilante” para que los intereses de esta Comunidad plasmados en acuerdos de la última Conferencia de Presidentes “sean respetados”.
Durante su comparecencia ante las Cortes de Castilla y León sobre lo acordado con sus homólogos y el Gobierno en la reunión celebrada el pasado 17 de enero en el Senado, Herrera planteó como “balance global” de la VI Conferencia de presidentes la consecución de hasta once acuerdos en “temas relevantes” -despoblación y financiación autonómica, entre otros-, el ambiente de “sensatez y espíritu de colaboración” de las autonomías, con un “papel corresponsable y coprotagonista” entre Estado y Comunidades Autónomas.
Apeló al “espíritu de participación y acuerdo” de los grupos parlamentarios en la Comunidad para defender los intereses de Castilla y León en los próximos meses.
El presidente dalló especialmente los acuerdos alcanzados que se vinculan con el denominado “reto demográfico” y la financiación autonómica, cuya negociación para la reforma del modelo comenzará en breve y que considera “crucial” abordarla “con la máxima inteligencia y rigor”.
La Comisión de Expertos creada por el Gobierno para abordar técnicamente la reforma del modelo de financiación cuenta con el economista leonés Jaime Rabanal, exconsejero del Gobierno socialista del Principado de Asturias, por designación de la Junta.
En materia de despoblación, Herrera destacó que tras el acuerdo en esta materia para abordar los problemas demográficos como asuntos de Estado y la creación de un Comisionado nacional sobre el particular, este ente deber ser “el punto de referencia en la interlocución con las Comunidades, Entes Locales y demás instituciones para avanzar con respuestas concretas y eficaces en este importantísimo asunto”.
Respecto al coste de la prestación de servicios esenciales como la sanidad y la educación en una Comunidad como Castilla y León, lo vinculó con el futuro modelo de financiación autonómica al demandar que se atienda el coste efectivo de su prestación.